Por Pedro Pesatti *
Las cifras de la tragedia
En Río Negro, las rutas nacionales se han convertido en escenarios de muerte evitable. Según datos oficiales del Departamento de Tránsito de la Policía provincial, durante 2024 se registraron 71 víctimas fatales y 280 lesionados graves en siniestros viales. El dato más alarmante: el 57% de los siniestros fatales ocurrieron en rutas nacionales que atraviesan la provincia.
El primer semestre de 2025 no trajo alivio: 48 personas perdieron la vida en 35 siniestros fatales, con un 62% de las muertes concentradas en rutas nacionales (30 personas). La ONG Luchemos por la Vida estima que las cifras reales de 2024 alcanzaron las 106 muertes en la provincia, muy por encima de los registros oficiales.
La siniestralidad en la Ruta 22 aumentó un 20% en el primer trimestre de 2025 respecto del mismo período del año anterior. Entre 2020 y 2023, solo en este corredor, 407 personas fueron víctimas de incidentes de tránsito: 79 murieron y 121 quedaron con lesiones graves. El dato es escalofriante: 19 de cada 100 accidentados murieron, y el 55% de las víctimas fatales tenía menos de 40 años.
La estafa del Impuesto a los Combustibles
Cada vez que un argentino carga combustible, paga un impuesto específico destinado por ley al mantenimiento de las rutas nacionales. El Decreto 976/01 establece que el 28,58% del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte para financiar obras viales a través del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Sin embargo, el gobierno de Javier Milei decidió unilateralmente desviar estos fondos.
Las cifras son contundentes: en el primer bimestre de 2025 se recaudaron $600.000 millones por ICL. A Vialidad Nacional le correspondían $86.000 millones. Solo recibió $18.000 millones. Un desvío del 79% de los fondos destinados legalmente a mantener las rutas del país.
La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) denunció que durante 2024 el presupuesto para obras y mantenimiento fue de $609.672 millones, pero solo se ejecutaron $332.392 millones, dejando $277.000 millones sin utilizar. Una subejecución superior al 45% que no responde a restricciones fiscales sino a una decisión política explícita: ‘obra pública cero’.
El desmantelamiento de Vialidad Nacional
El abandono de las rutas no es casual: es el resultado de una política deliberada de vaciamiento institucional. El informe de FEPEVINA documenta la pérdida de más de 800 trabajadores especializados de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), con una proyección de 900 más a través de programas de retiro voluntario forzado. El congelamiento salarial por más de 15 meses opera como mecanismo de expulsión sistemática.
El Decreto 461/2025 intentó directamente disolver la DNV, siendo frenado judicialmente gracias a la acción de SEVINA y el Congreso Nacional. El organismo existe formalmente, pero carece de capacidad operativa real. El presupuesto 2026 contempla una caída real del 75% respecto de 2023.
Las consecuencias son visibles en cada kilómetro: el 60-70% de la red vial nacional se encuentra en estado regular o malo. En Río Negro, el diagnóstico de Vialidad Rionegrina sobre las rutas 22, 151, 23 y 40 detalla: baches profundos, calzada resquebrajada, banquinas inexistentes, demarcación borrada, falta de señalización, ahuellamiento severo y fisuras transversales.
El impacto concreto en Río Negro
La Ruta Nacional 151 -150 kilómetros entre Cipolletti y el límite con La Pampa- es un corredor estratégico por el que transita el 72% del petróleo y el 42% del gas de la provincia. Su deterioro crítico no solo cobra vidas: obstaculiza el servicio de salud pública (576 traslados sanitarios anuales), afecta la educación (10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas) y compromete actividades económicas esenciales como la fruticultura, la minería y la industria hidrocarburífera.
La situación llevó al gobernador Alberto Weretilneck, junto a cinco intendentes del Alto Valle, cámaras empresariales y la Defensoría del Pueblo, a presentar en julio de 2025 una demanda colectiva ante el Juzgado Federal de General Roca contra el Estado Nacional y la DNV. La acción denuncia la ‘desnaturalización del régimen de financiamiento vial’ y exige la intervención judicial urgente para reparar los 150 kilómetros de la traza.
La tipificación penal: malversación e incumplimiento de deberes
Los hechos descriptos configuran al menos dos delitos tipificados en el Código Penal argentino:
Malversación de caudales públicos (Art. 260 CP): ‘Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída’. Los fondos del ICL tienen un destino legal específico -el mantenimiento vial- que está siendo sistemáticamente incumplido.
Incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 CP): Este delito admite una modalidad omisiva: la no ejecución de leyes cuyo cumplimiento incumbe al funcionario. El abandono del mantenimiento de la red vial nacional siendo ésta una obligación legal de la DNV configura esta hipótesis delictiva.
El elemento subjetivo (dolo) resulta acreditable mediante: la decisión política explícita y pública de ‘obra pública cero’, la subejecución sistemática superior al 45% pese a disponibilidad presupuestaria, el intento de disolución de la DNV vía decreto, y el vaciamiento deliberado de la capacidad operativa del organismo.
El daño al servicio está documentado: aumento de la siniestralidad vial, deterioro masivo de la infraestructura, afectación de servicios esenciales de salud, educación y producción. FEPEVINA ya presentó denuncia penal contra el Administrador General de la DNV, Marcelo Jorge Campoy, por estos delitos. La responsabilidad, sin embargo, asciende en la cadena de mando.
Conclusión: no es ajuste, es abandono deliberado
Cada peso ‘ahorrado’ hoy en mantenimiento vial se multiplica por 3 a 5 veces en obras de reconstrucción futura. Cada kilómetro no mantenido es un pasivo técnico, económico y judicial. Cada muerte en rutas nacionales es evitable: es el resultado de decisiones políticas concretas con responsables identificables como, por ejemplo, el actual senador nacional Enzo Fullone, responsable del distrito XX de Vialidad Nacional durante 2024 y 2025 -los años de la tragedia- que hoy intenta presentarse ante los rionegrinos como la figura alternativa de la nueva política.
El gobierno nacional recauda el impuesto, incumple la ley que determina su destino, y deja que las provincias carguen con las consecuencias: vidas perdidas, economías afectadas, servicios públicos deteriorados. Lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en rigor de verdad, la transferencia del costo humano del ajuste a quienes menos pueden soportarlo: los ciudadanos que deben circular cada día por rutas que el Estado abandonó.
Las víctimas de la Ruta 22, la 151, la 23 y la 40 no murieron por accidente. Murieron porque Milei decidió que el equilibrio fiscal vale más que sus vidas y Fullone lo avaló con su incumplimiento de deberes de funcionario público.
* Vicegobernador de Río Negro
