La propuesta legislativa intenta prohibir tajantemente la comercialización de agua obtenida de fuentes provinciales que implique “directa o indirectamente su exportación o mercantilización interna destinada a industrias extractivistas”.
La legisladora María Magdalena Odarda (Vamos con Todos) es la impulsora de la iniciativa presentada en la Legislatura para frenar la comercialización del recurso hídrico, apuntando contra el uso por parte de empresas extractivistas y en defensa del agua como derecho humano.
Los fundamentos del texto advierten sobre el grave riesgo de tratar al agua como un negocio, especialmente cuando la región atraviesa un estado de emergencia hídrica declarado desde 2022. En este marco, el documento enfatiza que “mercantilizar el agua y exportarla a países foráneos -cuando grandes áreas de nuestra provincia se encuentran en emergencia hídrica (…) resulta a todas luces, un verdadero despropósito”.
Para sustentar la inadmisibilidad de esta política comercial, el texto cita al relator especial de la ONU, Pedro Arroyo Agudo: “No se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos comercializados. El agua es de todos y es un bien público”.
Condiciones estrictas y sanciones penales.
El proyecto de ley establece que la única excepción permitida para la exportación será exclusivamente por razones humanitarias o de emergencia. Para habilitar dicha excepción, se exigirá un riguroso proceso que incluye estudios de impacto ambiental, la convocatoria obligatoria a una audiencia pública y la sanción de una ley específica por parte de la Legislatura Provincial.
Para garantizar su cumplimiento, la normativa prevé severas multas económicas proporcionales al daño ambiental y advierte que los funcionarios públicos responsables de violar la ley incurrirán en delitos penales como incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Finalmente, la iniciativa se ampara en la defensa irrestricta de la soberanía provincial, recordando lo que dicta de forma textual el artículo 70º de la Constitución de Río Negro: “La Provincia tiene la propiedad originaria de los recursos naturales existentes en el territorio, su subsuelo, espacio aéreo y mar adyacente a sus costas…”.
