Por Pedro Pesatti (*)
Ningún gobierno desde el fin de la guerra ha hecho tanto por consolidar la ocupación británica de nuestras islas como el que hoy preside los actos del 2 de abril. Lo decimos con la convicción que otorgan los hechos y con la responsabilidad que exige una causa que no admite imposturas: estamos viviendo el momento más desmalvinizador de la Argentina democrática, y lo estamos viviendo bajo la retórica exactamente opuesta, la de un presidente que declara la soberanía como “innegociable” mientras ejecuta una política exterior que la torna irrelevante.
Repasemos lo concreto. En diciembre de 2025, las empresas Rockhopper y Navitas adoptaron la decisión final de inversión para explotar el yacimiento Sea Lion, a doscientos kilómetros al norte de Puerto Argentino. El proyecto prevé extraer 55.000 barriles diarios en su primera fase y hasta 150.000 en las siguientes, con un horizonte de producción de treinta y cinco años y ganancias estimadas en 25.000 millones de dólares. Gran Bretaña cobrará 6.000 millones en regalías por recursos que pertenecen a la plataforma continental argentina.
Mientras ese saqueo se formaliza, el Gobierno argentino se limitó a emitir un comunicado de rechazo y no hizo nada más. No convocó a consultas diplomáticas, no activó acciones judiciales internacionales, ni movilizó a los países que históricamente acompañaron nuestro reclamo en las Naciones Unidas. Y no lo hizo porque esos mismos países que nos respaldaban fueron alejados deliberadamente por una política exterior que subordinó toda la agenda internacional al alineamiento automático con Washington y Tel Aviv. El traslado proyectado de la embajada a Jerusalén, las votaciones en la ONU contra posiciones históricas argentinas, el repliegue del multilateralismo y la ruptura con bloques del Sur Global erosionaron la red de solidaridades que sostenía nuestro reclamo soberano.
No es casual, por lo tanto, que una empresa israelí sea la operadora principal del yacimiento del que hemos sido despojados: Navitas cotiza en la Bolsa de Tel Aviv mientras el presidente argentino celebra la alianza estratégica con Israel. La contradicción no es un descuido; es la arquitectura misma de la desmalvinización y fuente de indignación para cualquier argentino con la sensibilidad suficiente para comprender la gravedad de lo expuesto.
A eso se suma la confesión más grave: Milei declaró al diario británico The Telegraph que las islas volverán a la Argentina “cuando los isleños así lo deseen”, convalidando de hecho el principio de autodeterminación que el Reino Unido esgrime para bloquear toda negociación. Tres cancilleres en dos años, un viaje a Londres anunciado sin fecha ni agenda, y negociaciones para levantar el embargo de armas que desdibujan nuestra posición histórica y la convierten en moneda de cambio: ese es el balance real de la política malvinense de este gobierno.
Sobre esa desolación se monta, sin embargo, la farsa y la infamia. El Gobierno ha conseguido construir una épica impostada hecha de desfiles con viejos tanques modernizados, convenios con Toyota para descuentos en camionetas y decretos de reconocimiento simbólico que postergan para 2027 lo que debería haberse resuelto hace décadas. Todas las políticas sustantivas que transformaron la vida de los veteranos —las pensiones honoríficas, el régimen previsional especial, la cobertura de salud, la identificación de los caídos en Darwin— fueron obra de administraciones anteriores. Este gobierno no creó un solo derecho nuevo para quienes combatieron; administra la herencia ajena con la solemnidad del que pretende ser el primero en llegar.
Mientras tanto, el petróleo argentino empieza a fluir hacia Londres sin que una sola acción concreta lo impida. Esa es la verdadera medida de la desmalvinización que no se consuma en los discursos, sino en la riqueza que los ingleses se van a llevar del subsuelo argentino, con la venia de Milei.
(*) Vicegobernador de Río Negro
