Los legisladores Juan Martín, Ofelia Stupenengo, María Laura Frei, Martina Lacour y Juan Murillo Ongaro (PRO-Unión Republicana) reingresaron el proyecto de ley que busca declarar a la educación como un “servicio estratégico esencial” en la provincia.
La acción está marcada por un fuerte reclamo de los autores, quienes exigen que el proyecto sea tratado de una vez por todas en segunda vuelta, denunciando que hasta la fecha no se ha dado “razón alguna para su omisión” en el recinto legislativo.
El texto original (bajo el Proyecto de Ley 756/2024) ya había logrado un consenso inicial tras un “fructífero debate”, lo que le permitió ser aprobado en primera vuelta durante la sesión ordinaria del 26 de septiembre de 2024. Sin embargo, el proceso quedó “inexplicablemente estancado tras ser puesto a consideración popular”, lo que motivó a los autores a presionar por su sanción definitiva con la “clara convicción de que resulta un inobjetable avance para los derechos de niños/as y adolescentes, para las familias rionegrinas, y para la sociedad en general”.
El proyecto de ley establece que el Estado provincial debe garantizar el derecho a la educación durante todo el ciclo lectivo, incluso en aquellos días afectados por “medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente”. Para lograr este objetivo en equilibrio con el derecho a huelga, la ley propone la creación de un Sistema de Guardias Mínimas Educativas Obligatorias.
De aprobarse definitivamente, este sistema obligará a la apertura de todos los establecimientos y garantizará el servicio de alimentación escolar.
Además, fija esquemas estrictos de asistencia: ante un paro de uno a dos días, deberá asistir un mínimo del 30% del personal (directivo, docente y no docente); mientras que si la medida se extiende a tres días o más, la asistencia obligatoria subirá al 50% de la nómina para mantener la normalidad de las actividades pedagógicas. Aquellos trabajadores afectados a la guardia que no se presenten sufrirán una falta injustificada.
Los autores fundamentan la urgencia del tratamiento en segunda vuelta no solo en el freno legislativo local, sino “en la necesidad de armonizar la ley rionegrina con el nuevo marco nacional”.
Destacaron que “recientemente, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N.º 27.802, la cual establece parámetros claros sobre los conflictos colectivos de trabajo e incorpora expresamente al cuidado de menores y a la educación obligatoria como actividades esenciales sujetas a servicios mínimos”.
En sus fundamentos, los impulsores de la ley advierten que la suspensión del inicio normal del ciclo lectivo se ha convertido en un “acto repetitivo triste y de desaprobada costumbre” que incumple con el rol protector del Estado.
Ante esto, recalcan que la sanción definitiva de la norma es imperiosa, ya que la presencialidad en las aulas es “irremplazable” y la educación constituye el “activo más importante para garantizar las condiciones de igualdad y equidad que impidan el incremento de la pobreza”.
