Con el objetivo de prevenir, abordar y erradicar cualquier trato desigual, proyecta un marco normativo para garantizar la igualdad real de derechos y oportunidades en la provincia.
La iniciativa apunta a sancionar conductas discriminatorias tanto en el ámbito público como privado, estableciendo mecanismos administrativos, de asistencia a las víctimas y de educación transversal para promover de forma activa el respeto a la diversidad humana.
El proyecto de ley es impulsado por la legisladora Maricel Cévoli (JSRN) como instrumento complementario a la Ley Nacional N° 23.592 y busca alinearse con los compromisos internacionales de derechos humanos.
Se considera discriminación a “toda distinción, exclusión, restricción, preferencia, acción u omisión que, de manera arbitraria, directa o indirecta, tenga por objeto o por resultado impedir, menoscabar o anular el ejercicio igualitario de derechos”.
Asimismo, la iniciativa detalla que estas conductas discriminatorias pueden manifestarse a través de la difusión de mensajes o estereotipos que legitimen la desigualdad estructural, actos de humillación, acoso o violencia, e incluso mediante políticas institucionales que, aunque aparenten ser neutrales, produzcan exclusiones sistemáticas o efectos desproporcionados sobre determinados grupos.
Además, se contempla expresamente como una forma de discriminación la inacción, tolerancia o falta de sanción ante estos actos, así como la imposición de medidas restrictivas sin justificación objetiva y razonable.
En cuanto a los motivos que pueden originar estos actos, el documento legislativo establece de forma enunciativa y no taxativa una amplia lista de causales. Entre ellas se destacan el origen étnico o nacional, el color de piel, la ascendencia, el idioma, la cultura, la religión, la ideología y la opinión política o gremial.
También se prohíbe de manera explícita la discriminación basada en sexo, género, identidad o expresión de género, orientación sexual, edad, estado civil o situación familiar, discapacidad, condición de salud o características genéticas.
Por último, el texto incluye como motivos de discriminación a la pertenencia a pueblos originarios, la situación económica o social, la ocupación, el lugar de residencia, los hábitos culturales y la condición migratoria, abarcando en definitiva cualquier “otra circunstancia personal o social, permanente o transitoria”.
El documento enfatiza que resulta indispensable “consolidar una sociedad más justa, inclusiva y plural, en la que la igualdad deje de ser un principio meramente formal y se convierta en una garantía efectiva para todas las personas que habitan la Provincia de Río Negro”.
La propuesta advierte que la discriminación “no solo genera un perjuicio individual, sino que también perpetúa desigualdades estructurales, obstaculiza la participación plena de las personas en la vida social, cultural, política y económica, y debilita la cohesión social”.
Ante este diagnóstico, el texto prevé la designación de una autoridad de aplicación especializada que pueda recibir denuncias mediante un trámite gratuito y ágil. Este organismo tendrá la facultad de promover “instancias administrativas voluntarias de diálogo, conciliación y resolución de conflictos”.
Finalmente, la iniciativa exige al Ministerio de Educación provincial “incorporar en todos los niveles, contenidos transversales sobre igualdad, diversidad y no discriminación”, respetando los lineamientos vigentes de la Educación Sexual Integral.
