Por Pedro Pesatti
Este año se cumplen sesenta y cinco años de la sanción de la Ley 200, mediante la cual la Legislatura de Río Negro creó el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI). El aniversario constituye una oportunidad para volver sobre uno de los debates más trascendentes de la historia económica de la provincia y descubrir que muchas de las discusiones que atravesaron aquella sesión del 4 de agosto de 1961 siguen siendo, con otros protagonistas y en otros escenarios, las mismas que hoy dividen los caminos posibles del futuro argentino. Hay debates cuyo presente se perpetúa y que permanecen abiertos para regresar cada vez que una sociedad debe decidir si quiere construir un camino para todos o resignarse a tolerar modelos de exclusión y concentración de la riqueza.
Retornar al Diario de Sesiones del 4 de agosto de 1961 es, en estos tiempos, una necesidad política e intelectual para contrastar la densidad doctrinaria de un proyecto de desarrollo con la estrechez ideológica, primarizadora y extractivista que hoy expresa el experimento libertario encabezado por el presidente Javier Milei y por quienes se alinean detrás de él.
El IDEVI no nació de la nada. Fue la concreción de una visión estratégica cuyos antecedentes pueden rastrearse en el Primer Plan Quinquenal de Juan Domingo Perón, que ya en 1951 impulsó la construcción del canal principal de riego del Valle Inferior y que, años más tarde, encontró en el gobernador Edgardo Castello la decisión política de convertir aquella infraestructura en un verdadero proyecto institucional de desarrollo. El corazón de esa iniciativa era tan simple como revolucionario: unir orgánicamente la producción primaria con la industrialización, vincular la chacra con la fábrica y romper el viejo destino de las economías periféricas, condenadas a exportar materias primas para importar productos elaborados.
Esa filosofía política, profundamente patagónica y profundamente federal, recibió durante el debate parlamentario un nombre que sintetizaba toda una concepción del Estado: federalismo social.
En aquella sesión histórica, el diputado Julio Rajneri definía con extraordinaria claridad la arquitectura del proyecto:
“La creación de un organismo específico técnico para la realización del programa de desarrollo coincide con la exposición y con la planificación constitucional que nuestro sector desarrollara en la Convención Constituyente, cuando afirmábamos que las viejas formas del federalismo constitucional estaban perimidas si no se les insuflaba un nuevo hálito que transformara ese federalismo en lo que nosotros denominábamos federalismo social, que involucraba la descentralización efectiva de la administración para crear la mayor capacitación técnica a través de la especialización”.
Era una definición doctrinaria. El federalismo social partía de una idea elemental: la igualdad jurídica entre las provincias resulta insuficiente cuando las desigualdades económicas y territoriales permanecen intactas, del mismo modo que resulta insuficiente hacia el interior de cada una de ellas. El Estado debía dejar de ser un mero administrador para transformarse en un organizador consciente del desarrollo. De allí surgía la necesidad de crear un ente público especializado, dotado de autonomía técnica, financiera y administrativa, capaz de planificar integralmente una región, administrar el agua, organizar el crédito, promover la colonización, construir infraestructura, fomentar la industria y coordinar todos los instrumentos necesarios para transformar la geografía económica del Valle Inferior.
La filosofía del IDEVI no consistía simplemente en producir más.
Consistía en producir mejor, agregar valor en origen —reitero: agregar valor, industrializar y crear empleo— y distribuir territorialmente la riqueza para convertir la inversión pública en capitalización social.
Los resultados no tardaron en aparecer.
Apenas cinco años después de la entrega de la primera chacra a la familia Karriere, el Valle Inferior había dado origen a una cuenca láctea de una dimensión que Viedma nunca volvió a conocer. Nació IDELEC, que elaboraba leche pasteurizada y toda una línea de derivados lácteos. Surgieron proyectos como FRIDEVI, destinado al procesamiento industrial de carnes, y la emblemática Procesadora de Tomates Río Negro. El proyecto demostraba que el desarrollo no consistía simplemente en extraer recursos, sino en multiplicar el trabajo, la tecnología y el valor agregado dentro del propio territorio.
Nada de ello fue casual.
Era la consecuencia directa de una concepción económica según la cual la renta generada por la inversión pública debía permanecer en la comunidad y no escapar de ella. Por eso, la ley incorporó mecanismos de recuperación de plusvalías, la participación de los usuarios en la administración del organismo y un sistema de acceso al crédito pensado para que los colonos pudieran convertirse en verdaderos productores, antes que en simples propietarios endeudados.
Ese proceso fue brutalmente interrumpido por la dictadura militar.
El programa económico de José Alfredo Martínez de Hoz encontró en el IDEVI uno de los tantos objetivos de su proyecto de desindustrialización y destrucción de la capacidad de intervención del Estado para orientar y promover el desarrollo. La apertura irrestricta de las importaciones, la valorización financiera y el abandono deliberado de la planificación estatal terminaron por desarticular gran parte del recién nacido entramado agroindustrial y frenaron por completo un proyecto de desarrollo que se estancó cuando apenas había alcanzado un tercio de la superficie prevista en los orígenes de la construcción del canal principal. El menemismo completó la tarea años más tarde, al eliminar los regímenes de promoción industrial, lo que provocó el cierre de todas las plantas que operaban en el parque industrial del IDEVI, con la excepción de FRIDEVI, la única industria que logró mantenerse en pie hasta nuestros días.
Sesenta y cinco años después, el país vuelve a enfrentar una discusión extraordinariamente parecida.
El gobierno de Javier Milei propone una concepción de la economía basada en la reducción extrema del Estado, la eliminación de la obra pública, la desregulación económica y la confianza absoluta en que el mercado organizará espontáneamente el progreso. En los hechos, esa lógica conduce nuevamente hacia economías de enclave: grandes inversiones extractivas, escasos encadenamientos productivos locales, mínima industrialización y una creciente concentración del excedente fuera del territorio donde se genera.
No deja de resultar llamativo que buena parte de esa discusión ya hubiera sido anticipada durante el debate parlamentario de 1961.
El legislador Rajneri advertía entonces:
“Nosotros combatimos y combatiremos ese tipo de inversión. Los países subdesarrollados no necesitan aportes de capital privado en sus sectores básicos de desarrollo, porque cuando los elementos fundamentales, los instrumentos básicos de una economía están en manos del interés privado, esos capitales se convierten en bombas de succión, que no solamente paralizan el desarrollo de un país, sino que incluso, por razones de interés, por razones de mayores dividendos, están generalmente interesados en evitar la industrialización y el desarrollo de esos países, para que así puedan ser vendedores a precios bajos de sus materias primas y clientes sempiternos de sus procesos de elaboración y de sus productos industrializados”.
Más de seis décadas después, esas palabras conservan una actualidad inquietante.
La Ley 200 también comprendió que ningún proceso serio de colonización podía sostenerse sin crédito público.
Por eso, diseñó un mecanismo extraordinariamente innovador para facilitar el acceso de los nuevos productores a la tierra. Como explicaba Rajneri durante la sesión:
“El acceso de los nuevos colonos a la tierra se verá facilitado en una forma excepcional… un colono que se acerque a esta zona y obtenga su lote… aportará solamente un 16 por ciento del valor total. El resto lo irá pagando en amortizaciones sucesivas, con la propia producción de su chacra”.
Detrás de ese esquema financiero había una concepción profundamente distinta de la economía. El crédito no era un negocio financiero. Era un instrumento de transformación social.
Allí reside, probablemente, la mayor enseñanza que deja la creación del IDEVI.
No fue simplemente un organismo de administración hidráulica ni un programa de colonización agrícola. Fue una concepción integral del desarrollo, fundada en la convicción de que la riqueza no brota espontáneamente del mercado, sino de la inteligencia colectiva con la que una sociedad organiza sus recursos, protege su trabajo y planifica su porvenir.
Por eso, el verdadero contraste no es entre Estado y mercado, como suele plantearse de manera simplista. El verdadero contraste es entre dos modelos de provincia y de país. Uno concibe el territorio como una plataforma de extracción destinada a satisfacer intereses externos, donde el valor agregado, la innovación y las decisiones estratégicas se producen lejos del lugar donde nacen los recursos. El otro entiende que cada recurso natural debe convertirse en industria, empleo calificado, conocimiento, arraigo y prosperidad para quienes habitan ese territorio.
Sesenta y cinco años después, la Ley 200 continúa formulándonos la misma pregunta que inspiró a quienes la sancionaron por unanimidad en aquella madrugada de agosto de 1961: ¿queremos ser apenas el lugar donde se extrae la riqueza o el lugar donde esa riqueza se transforma en desarrollo?
La respuesta que dieron aquellos legisladores fue inequívoca. Apostaron por un Estado capaz de planificar, por una economía que agregara valor en origen y por una provincia que hiciera de sus recursos el fundamento de su autonomía. Quizás haya llegado el momento de volver a leerlos, porque las sociedades que renuncian a pensar estratégicamente su futuro terminan aceptando las decisiones políticas que otros toman por ellas.
