El Poder Ejecutivo giró a la Legislatura el convenio firmado en marzo con el Municipio de San Carlos de Bariloche para transferir la ex Ruta Nacional 237. La ciudad asumiría el mantenimiento, la señalización y el control del tránsito en todo el tramo urbano.
El notorio crecimiento urbano, demográfico y turístico de San Carlos de Bariloche sobre el trazado de la avenida Exequiel Bustillo, identificada anteriormente como ex Ruta Nacional 237, motivó un proyecto que ingresó a la Legislatura de Río Negro para su tratamiento.
La propuesta plantea la ratificación del convenio de cesión firmado el 19 de marzo entre la Provincia y el Municipio, por el cual el tramo comprendido entre el Monolito (Progresiva 0+848) y la rotonda de acceso al Hotel Llao Llao (Progresiva 24+834) pasaría a jurisdicción municipal.
Los fundamentos remitidos sostienen que resulta necesaria “una mayor y más directa intervención” del Municipio, dado que el tramo se encuentra dentro del ejido urbano.
A partir de la entrada en vigencia del convenio, el Municipio asumiría de manera “plena, directa y exclusiva” la conservación y el mantenimiento de la traza, la señalización horizontal y vertical, la regulación del tránsito y la implementación de políticas de seguridad vial, además de la autorización de usos especiales y obras complementarias en el sector.
El convenio establece además que el Municipio asumiría en forma exclusiva la responsabilidad civil, administrativa y patrimonial derivada de accidentes de tránsito, daños a personas o bienes y omisiones en la conservación o señalización vial. La Provincia, en tanto, quedaría deslindada de los reclamos posteriores a la vigencia del acuerdo.
El proceso se inició con el Decreto N° 39/2026, que aprobó el texto a suscribirse entre las partes, y continuó con la Ordenanza N° 3608-CM-26, mediante la cual el Concejo Municipal de Bariloche avaló lo acordado. Posteriormente, el Decreto N° 648/2026 ratificó el convenio y dispuso su elevación a la Legislatura para la ratificación legislativa correspondiente.
La cesión no implica transferencia de dominio: el tramo mantiene su carácter de bien de dominio público afectado al uso público. La iniciativa pide tratamiento en única vuelta por su relevancia institucional.
