La iniciativa del Poder Ejecutivo ingresó a la Legislatura. El proyecto alcanza a los agentes temporarios de salud, educación, niñez y desarrollo humano, entre otras áreas. La propuesta fija requisitos de antigüedad, idoneidad y aptitud médica para acceder al nuevo régimen.
La medida alcanza a quienes prestan servicios en áreas como salud, educación, niñez, adolescencia, familia y desarrollo humano, además de sectores como obras y servicios públicos y energía.
La propuesta comprende al personal contratado en relación de dependencia o bajo la figura de prestación de medios, siempre que su vínculo se haya iniciado hasta el 31 de diciembre de 2025 y se haya mantenido “en forma ininterrumpida” hasta el ingreso efectivo a planta.
Entre las condiciones de ingreso, el texto exige no haber acumulado sanciones que superen los diez días de suspensión en los últimos dos años, acreditar idoneidad mediante un procedimiento de evaluación y aprobar un examen preocupacional. También prevé, cuando la reglamentación lo disponga, la acreditación de aptitud psicofísica ante una Junta Médica.
Quedan excluidos de la iniciativa las autoridades superiores del Poder Ejecutivo, el personal alcanzado por el Estatuto Docente y quienes registren los impedimentos previstos en la Ley L N° 3487. El ingreso realizado en violación a lo establecido sería, según el texto, “nulo de nulidad absoluta”.
Los fundamentos remitidos por el Ejecutivo sostienen que la mayoría de los agentes temporarios corresponde a “sectores de prestación de servicios básicos esenciales”. El escrito agrega que la incorporación a planta apunta a restablecer la carrera administrativa y normalizar el empleo público.
Para su implementación, la propuesta crea la Comisión Ejecutiva Central, que funcionará en el ámbito del Consejo Provincial de la Función Pública y Reconversión del Estado.
