Lo aprobó este jueves la Legislatura rionegrina por mayoría, con 36 a favor y 9 en contra. Es el “Procedimiento de Convocatoria de Consulta Previa, Libre e Informada” para cuando se dicten medidas legislativas o administrativas que pudieren afectar derechos de incidencia colectiva de las Comunidades Indígenas de manera directa.
La consulta libre, previa e informada será sobre proyectos, programas, medidas y/o acciones que se pretendan generar y que de alguna manera pudieran ocasionar algún tipo de perjuicio a las mismas, a los fines que estas puedan realizar las observaciones y/o consideraciones que consideren pertinentes y alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas o proyectos propuestos.
Se establecerá en la convocatoria el contenido general, mínimo e indispensable a los fines de que las comunidades cuenten con la debida información previa y concreta respecto del proyecto, acción, programa o medida que se pretenda ejecutar.
Una vez finalizado el plazo de inscripción, el organismo convocante realizará un análisis de admisibilidad sobre cada una de las inscripciones, a los fines de determinar si dan cumplimiento a lo solicitado.
Para ello se requiere que las comunidades inscriptas se encuentren ubicadas en el área de influencia donde se realizará el proyecto, programa, y/o acción de naturaleza pública o privada. Dicha área de influencia será delimitada al momento de realizar la convocatoria.
Finalizada la inscripción se deberá dar publicidad sobre aquellas comunidades que serán parte en el procedimiento de consulta.
La convocatoria deberá realizarse con una antelación mínima de 20 días a la fecha establecida para dar inicio al diálogo, conforme el plan de consulta elaborado, debiendo darle publicidad a través de dos publicaciones en los diarios de mayor circulación del lugar donde se encuentra ubicado el proyecto, si es que lo hubiere, y durante dos días en el Boletín Oficial de la Provincia.
Asimismo, teniendo en consideración los medios que se utilizan para informar en el lugar donde se realizará, la Autoridad convocante podrá comunicar indistintamente el texto de la convocatoria, en el hospital/salita, comisaría, municipio, comisión de fomento, Juzgado de Paz y/o mediante comunicación radiofónica.
El debate
Defendió el proyecto en el recinto el legislador Lucas Pica: “Hoy Río Negro le está diciendo a la Nación, a sus habitantes y al mundo que viene a cumplimentar y a hacerse cargo de una obligación internacional que como Nación tenemos desde el año 1992. Una vez más, somos pioneros en esta materia”, resaltó.
Explicó que la norma prevé que cuando haya un emprendimiento, un proyecto, que en potencia puede llegar a afectar intereses colectivos de comunidades originarias, se definirá la zona de influencia y sólo se va a consultar a la comunidad originaria que habita en esa zona de influencia y que además tenga personería jurídica rionegrina.
Pica destacó el “verdadero nudo gordiano” de este proyecto al señalar que “se acaban los intermediarios”, ya que se consultará directamente a la comunidad originaria que reside en la zona de influencia respecto del proyecto o acto administrativo que pueda impactar.
“Se termina de una vez para siempre con los intermediarios, quienes usufructuaron haciendo uso indebido de una representación que claramente no tenían ni van a tener, porque vamos a consultar, a auscultar el pensamiento y la voz de los viven en la zona de influencia”, continuó.
Aclaró que la consulta previa, libre e informada no va a ser vinculante: “Si bien hoy estamos diciéndole al mundo jurídico que Río Negro va a escuchar a las comunidades originarias, lo va a hacer para determinar las decisiones políticas. Escuchar es gobernar, pero escuchar no es cogobernar”, advirtió.
Fernando Frugoni, por CC Ari – Cambiemos, anticipó el voto favorable de su bancada. Sostuvo que la iniciativa “viene a traer un orden que pensó Raúl Alfonsín durante su presidencia, pero que el régimen kirchnerista se dedicó a desvirtuar”.
El proyecto “le viene a empezar a poner orden a algo que hoy está absolutamente desordenado, que el Estado nacional jamás ha ordenado algo desde que sancionó la ley”.
En el mismo sentido, Roberta Scavo sostuvo que el proyecto “viene a ordenar a todos los rionegrinos, sean de pueblos originarios o no, para que podamos vivir en paz y bajo la Constitución provincial y nacional, como corresponde a cualquier ciudadano”.
Por el oficialismo, Daniel Sanguinetti, en apoyo al proyecto, habló de la necesidad de generar todos los marcos legales y propiciar los elementos jurídicos para que la Argentina, y en particular Río Negro, pueda aprovechar una ventana de oportunidad relacionada a la producción de energía.
Ana Marks, del bloque PJ-Nuevo Encuentro, manifestó la oposición de su bancada. Consideró que se está utilizando esta herramienta para “seguir invisibilizando, para seguir discutiendo representaciones que no nos corresponden, para seguir avanzado sobre los territorios y evitar futuros conflictos judiciales”.
Aunque valoró la modificación de la autoridad de aplicación que preveía el proyecto original, aseguró que la preocupación del Gobierno de Río Negro es “contar con un instrumento que garantice la seguridad jurídica para el avance de los proyectos energéticos y de desarrollo que la Secretaría de Energía está proponiendo”.
Consideró que el proyecto es inconstitucional y violatorio de los derechos de las comunidades indígenas por la exigencia de la personería jurídica para las comunidades, ya que no necesitan ser registradas por el Estado para tener ese derecho y advirtió que con esta ley más de la mitad de la población indígena en Río Negro no va a poder ejercer el derecho de la consulta libre e informada.
Criticó el protocolo que presenta la propuesta del Ejecutivo: “No solo no es vinculante, sino que no prevé una obligatoriedad del Estado de plantear la búsqueda de un consenso para poder ir resolviendo en el diálogo intercultural cuáles son las cuestiones a través de las cuales podrían aparecer oposiciones en las distintas comunidades sobre ciertos proyectos”.
Martina Lacour, de Pro Unión Republicana, manifestó el voto favorable del bloque. Explicó que modificaron su posición con respecto al proyecto “en una nueva demostración de que no somos primera minoría para ponerle palos en la rueda o quitarle herramientas al Gobierno provincial”.
“Ciframos grandes esperanzas en nombre de todos los rionegrinos para que los augurios y vaticinios (del oficialismo) se materialicen, porque será para el bien de todos y para el progreso de nuestra provincia”, expresó.
Por Vamos con Todos, Magdalena Odarda, manifestó el rechazo de su bloque a la iniciativa: “Es inconstitucional, y es anticonvencional”, resaltó. Fundamentó que vulnera principios constitucionales, leyes provinciales, nacionales y todos los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina respecto de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
Según la parlamentaria, el proyecto excluye del proceso de consulta al CODECI; a la propia organización del Pueblo Indígena, que es la coordinadora del Parlamento Mapuche; y a las comunidades sin personería jurídica.
Entre otros aspectos, también observó que el Gobierno “va a decidir en forma unilateral y arbitraria cuál es el área de influencia a consultar”, y que el proyecto “no incluye la necesidad de un informe de impacto cultural”.
En el cierre del debate, el presidente del bloque oficialista, Facundo López, defendió la iniciativa del Ejecutivo: “Estamos sancionando una ley totalmente constitucional, cumpliendo con una manda del Convenio 169, y con lo que nos requirió la Justicia, por lo tanto estamos sancionando la mejor ley posible”.
Consultarán a las comunidades originarias antes de dictar medidas que las afecten
