Se trata de un proyecto para reservar lugares en cursos, capacitaciones y certificaciones gratuitas de organismos y programas provinciales para gente sin empleo. Incluye un criterio territorial para comunas y comisiones de fomento, convocatorias transparentes y un informe anual.
La iniciativa propone reservar el 40% de las vacantes de las capacitaciones y cursos de formación laboral gratuitos del Estado provincial para personas sin empleo formal. La reserva alcanza también a las certificaciones de competencias laborales.
El autor es el legislador Norberto Moreno (JSRN), quien sostiene en los fundamentos que los mecanismos tradicionales de inscripción “suelen reproducir y profundizar desigualdades preexistentes”, en desventaja de quienes no tienen un empleo formal.
La iniciativa abarca las instancias organizadas por el Poder Ejecutivo, las financiadas total o parcialmente con recursos provinciales y las ejecutadas mediante convenios con municipios, universidades, sindicatos o cámaras empresariales, entre otros.
Cuando el cálculo del 40% arroje un número fraccionario, el texto prevé garantizar la cantidad entera inmediata superior. Si no se reúnen postulantes suficientes, las vacantes remanentes pueden asignarse al resto de los inscriptos, pero el cupo no debe reducirse de forma anticipada.
La propuesta considera desempleada a la persona que no registre empleo formal remunerado al inscribirse y manifieste su intención de insertarse en el mercado laboral. La reglamentación debe fijar mecanismos simplificados y gratuitos para acreditarlo.
Moreno plantea que quienes viven en comisiones de fomento, parajes rurales o regiones con menor conectividad enfrentan “barreras estructurales” para acceder a las vacantes. Según el legislador, la reforma complementa la visión del Gobernador de un “federalismo interno real”.
Para ello, el proyecto designa a la Secretaría de Trabajo como autoridad de aplicación, que debe velar por una distribución territorial equitativa de la oferta y articular los contenidos con los sectores productivos locales. Cada convocatoria tiene que publicar el total de vacantes, las reservadas, los requisitos y el procedimiento de selección.
La autoridad también debe remitir a la Legislatura un informe anual con las capacitaciones realizadas, las personas formadas y los indicadores de empleabilidad. De aprobarse, el Ejecutivo tendría 180 días desde la promulgación para reglamentarla, y se invitaría a municipios y comisiones de fomento a adherir.
