El proyecto de ley alcanza a procesos dentro y fuera de la provincia, con topes que fijaría la reglamentación. Las familias seleccionadas por un juzgado de familia podrían recibir pasajes, alojamiento y traslados. El autor lo impulsa por la caída de familias inscriptas en el registro de adopción.
Un régimen provincial cubriría los gastos de traslado y alojamiento de las familias seleccionadas para vincularse con una niña, niño o adolescente con declaración firme de adoptabilidad. El proyecto abarca desde las entrevistas y audiencias posteriores a la selección hasta el otorgamiento de la guarda con fines adoptivos.
La iniciativa fue presentada por el legislador Juan Martin (PRO). En los fundamentos sostiene que las distancias y los costos pueden reducir el universo de familias dispuestas a aceptar una vinculación que exige desplazamientos. Señala que esos gastos pueden constituir un “obstáculo material” para el proceso.
El texto prevé que el Estado provincial garantice “la cobertura íntegra de los gastos necesarios” dentro de montos máximos. Incluye traslados y alojamiento, transporte terrestre o aéreo dentro o fuera de la provincia y traslados internos cuando el caso lo requiera.
La cobertura podría otorgarse con pasajes y alojamiento provistos de manera directa, o mediante anticipo o reintegro. La iniciativa aclara que se procura evitar que las familias afronten por adelantado erogaciones que no estén en condiciones de solventar.
Como referencia para los montos, la reglamentación podría tomar el Reglamento de Comisiones Oficiales de la provincia.
La propuesta contempla tres grupos de beneficiarias: familias inscriptas en el RUAGFA rionegrino seleccionadas para un niño que vive en otra localidad de la provincia; familias de otras jurisdicciones de la Red Federal seleccionadas para un niño que reside en Río Negro; y familias rionegrinas seleccionadas para un niño de otra jurisdicción.
Martin cita información difundida por autoridades del RUAGFA, según la cual las familias inscriptas pasaron de entre 240 y 250 en 2015 a unas 45 en 2026. También menciona datos de la SENAF: 78 de los 109 niños alojados en dispositivos institucionales tienen sentencia de adoptabilidad.
El proyecto designa como autoridad de aplicación al organismo que determine el Poder Ejecutivo, que deberá articular con el Poder Judicial, el RUAGFA y la SENAF. Prevé un informe anual, una partida presupuestaria específica y una reglamentación dentro de los 90 días.
Para el legislador, la iniciativa apunta a “acompañar materialmente una decisión que ya ha sido adoptada por las autoridades competentes”, y así favorecer la continuidad de la vinculación.
