Lo proponen en un proyecto de ley. Las sanciones previstas incluyen multas de hasta 40.000 UM, días de arresto y prohibición de concurrencia. El texto incorpora además una regla general de reincidencia al Código Contravencional. Sus autores sostienen que el daño rural impacta sobre toda la cadena productiva.
El ingreso sin autorización a un establecimiento rural y la destrucción de alambrados, bombas, silos o sistemas de riego quedan comprendidos en el proyecto de ley que suma al Código Contravencional un capítulo sobre protección del patrimonio productivo rural.
Los legisladores del bloque PRO Unión Republicana María Laura Frei y Juan Martín presentaron la iniciativa, que crea un Capítulo VI bis dentro del Título III del Código. En los fundamentos señalan que la regulación vigente sobre seguridad de la propiedad “es exigua” y que existe “un espacio normativo que debe ser desarrollado”.
El artículo 56 bis sanciona a quien ingrese a un predio rural sin autorización o contra la voluntad expresa o presunta de quien pueda excluirlo. La pena es multa de 1.000 a 10.000 UM, trabajo comunitario de 30 a 120 días o prohibición de concurrencia de hasta seis meses.
El texto exceptúa los ingresos por necesidad o emergencia, para auxiliar a personas o animales, o cuando el lugar no permita distinguir sus límites con la vía pública.
El artículo 56 ter alcanza a quien destruya, inutilice o dañe bienes afectados a la producción agropecuaria y afecte el ciclo productivo. La sanción es de 6.000 a 40.000 UM y/o días de arresto, sin perjuicio de la reparación integral del perjuicio.
El proyecto enumera cultivos, ganado, leña, maquinarias, alambrados, silos, reservas hídricas y paneles solares. Los autores aclaran que la enumeración “no es taxativa”.
Según los fundamentos, el daño “no recae únicamente sobre el valor económico del objeto destruido”. Como ejemplo, los autores plantean que la rotura de un alambrado puede generar pérdidas y animales sueltos en caminos, y que una bomba inutilizada puede cortar el suministro de agua.
La propuesta prevé que las sanciones se eleven hasta el triple en casos como el hecho cometido por tres o más personas, durante la noche o con abuso de una relación laboral. También rige cuando se interrumpe la actividad productiva o hay reincidencia. La tentativa es punible si generó un peligro concreto.
El artículo 13 bis define la reincidencia como una nueva contravención cometida dentro de los dos años del cumplimiento de la sanción. En ese caso, el juez o jueza podrá elevar la pena hasta el doble o el triple. Frei y Martín plantean que el daño a una explotación rural afecta fuentes de trabajo y abastecimiento, por lo que consideran necesario que las infracciones sean de acción pública.
