La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta el proyecto que busca eliminar una contribución obligatoria del dos por mil sobre el monto de juicios contenciosos o voluntarios, destinada al Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajur). La iniciativa se aprobó por mayoría, con 34 votos a favor y 9 en contra.
El oficialismo justificó la eliminación de esta contribución con el argumento de que se trata de una “carga obligatoria impuesta a terceros totalmente ajenos a la actividad sindical” y que no existe una contraprestación o beneficio para quienes la abonan.
La autora del proyecto, Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), explicó que la iniciativa busca eliminar un “impuesto encubierto” o “peaje sindical” que la ciudadanía rionegrina debe afrontar para iniciar un proceso judicial. Mansilla sostuvo que esta contribución incrementa los costos para litigar, “violando el principio de que la justicia debe ser lo menos gravosa posible y al alcance de todos”.
Mansilla argumentó que no corresponde al Estado establecer obligaciones en exclusivo beneficio de una entidad sindical, la cual debe “autosolventarse” a través de sus afiliados. Aseguró que el proyecto se fundamenta en los principios de igualdad y de legalidad tributaria, buscando liberar a la sociedad de este pago que considera “totalmente injusto”. Para los rionegrinos, el costo de este aporte debe ser “cero peso”.
Lucas Pica (JSRN) calificó el financiamiento como “anómalo” y “contra natura”, destacando que Río Negro es la única provincia con una contribución de estas características. Afirmó que la contribución es un “privilegio” y que la derogación constituye una “reparación histórica para los 750.000 rionegrinos que son potenciales pagadores de esta tasa”.
Pica criticó que el Sindicato se negara a informar cuánto dinero recauda anualmente por este concepto, estimando que “la cifra actual podría superar los 200 millones de pesos anuales”. Sostuvo que la derogación no afecta la actividad gremial, ya que el gobierno actual ha fortalecido la negociación colectiva.
El legislador Santiago Ibarrolaza centró su intervención en la necesidad de garantizar un acceso más asequible a la justicia para los rionegrinos y en la coherencia de la reforma propuesta. Sostuvo que la contribución nunca debería haber existido porque es “injusto” y “arbitrario”.
Felicitó a la legisladora Mansilla por el “coraje de avanzar con un proyecto de ley que en algún punto representa a muchos de los abogados que litigamos en esta provincia”. Destacó la situación común en la que los ciudadanos (“doña Rosa”) se ven obligados a pagar varios costos al iniciar una demanda, incluyendo la tasa de justicia, el aporte al Colegio de Abogados y el “bono de Sitrajur”. Argumentó que estos costos, en conjunto, provocan que las personas, especialmente “los que menos tienen,” decidan no presentar sus reclamos y “se da vuelta y se va a la casa” sin iniciar ninguna demanda.
El legislador Javier Acevedo (CC Ari- Cambiemos) acompañó la derogación, señalando que la medida busca la “equidad frente a la ley y el derecho del ciudadano a poder litigar sin costos arbitrarios”. Indicó que los sindicatos deben sostenerse con aportes de sus afiliados, mediante “mecanismos legítimos, voluntarios y no con un mecanismo de impuesto encubierto”.
Acevedo propuso, junto con el legislador Santiago Ibarrolaza, que para la segunda vuelta se incorpore la derogación del artículo 135 de la Ley 5731, el cual otorga un aporte similar a los Colegios de Abogados.
Por el bloque Pro Unión Republicana, Juan Murillo, sostuvo que el ciudadano no debe tener que pagarle a Sitrajur para acceder a los tribunales.
Argumentó que esta contribución constituye un “privilegio”, y que el financiamiento de los sindicatos debe provenir de los trabajadores que “eligieron afiliarse, los que voluntariamente se afilian”. Enfatizó que el aporte es injusto porque afecta a las personas que acuden obligatoriamente al Poder Judicial y a la ciudadanía en general.
Finalmente, concluyó que la derogación corrige un “error que, reitero, creo que nunca tendríamos que haber discutido porque nunca tendría que haber existido”. El proyecto busca que la justicia sea “lo más accesible posible”, garantizando que ningún ciudadano tenga que pagar un “tributo injusto para ejercer un derecho básico que es el acceso a la justicia”.
Afirmó que “la justicia tiene que ser un derecho para todos y no un negocio gremial”. El orador aclaró que la medida no es “en contra del gremio, ni de los gremialistas ni de los trabajadores, sino es poner las cosas en orden”.
El presidente del bloque oficialista, Facundo López, enfocó su intervención en la naturaleza del aporte obligatorio a Sitrajur, calificándolo como un privilegio injusto que no beneficia al ciudadano común.
Consideró que la discusión central era sencilla: “definir si se está de acuerdo o no con que los rionegrinos paguen un porcentaje (el 2 por mil) a un sindicato cada vez que tienen un conflicto patrimonial”. Argumentó que el aporte constituye un “privilegio” y una “cuestión de casta sindical, ya que las organizaciones gremiales deberían financiarse con las cuotas de los afiliados que voluntariamente deciden sumarse, no de la ciudadanía general”.
Sostuvo que el 2 por mil se destina exclusivamente al uso del sindicato y no beneficia a los trabajadores judiciales. Indicó que la ley busca que los ciudadanos no paguen un porcentaje a un sindicato que no los representa, que no conocen, y que ni siquiera tiene “las ganas de explicarle cómo o en qué la gastan, ni cuánto ni cómo”.
Negó que el proyecto busque “hacer arrodillar al sindicato o menoscabar los derechos laborales”, argumentando que el gobierno provincial ha ampliado derechos, como devolver la zona desfavorable y la antigüedad.
López enfatizó que el proyecto no está diseñado para resolver la crisis del sistema de justicia. Su único objetivo es derogar el 2 por mil que paga cualquier rionegrino que no tiene nada que ver con el sindicato. Además, criticó la actitud de la oposición, señalando que buscan hacer un “circo” con un “escenario mentiroso de la polarización” para engañar a los rionegrinos.
Reafirmó que el propósito del proyecto es “sacar un privilegio que tiene un sindicato”, insistiendo en que el sindicato debe buscar el financiamiento mediante el aporte de sus afiliados.
Voces opositoras
La legisladora Magdalena Odarda (VcT) habló extensamente en contra de la medida, criticó que el proyecto “viene lamentablemente a romper la paz social de esta provincia y simplemente ataca a los trabajadores judiciales”. Argumentó que el 2 por mil es un “costo mínimo que se destina a fines sociales y sanitarios, como cobertura de farmacia, estudios bioquímicos, alojamiento social y paritarias”.
Odarda aseguró que la derogación rompe con los principios de libertad sindical y negociación colectiva y compromisos internacionales con la Organización Internacional del Trabajo. Enfatizó que las verdaderas “barreras de acceso a la justicia son los obstáculos económicos, las costas judiciales exorbitantes, y la impunidad en casos sensibles de la provincia”.
Leandro García (PJ-NE) coincidió en que el proyecto “no resuelve ninguno de los problemas que se pretenden resolver” respecto al acceso a la justicia, y que la eliminación de este aporte solamente reduciría los costos de inicio de demanda en un 20%. García sugirió que el objetivo real es “disciplinar o intentar disciplinar un sindicato que critica la gestión gubernamental”.
Luciano Delgado Sempé (VcT) criticó que el debate se enfoque exclusivamente en derogar el 2 por mil a Sitrajur, en lugar de tratar una “reforma integral de la justicia”. Acusó al oficialismo de ser “coherente” al observar que “siempre atacan al trabajador y defienden a las corporaciones”, cuestionando por qué no se discutían los altos sueldos y viáticos del Superior Tribunal ni los honorarios de Fiscalía de Estado.
Aseguró que el verdadero propósito del proyecto es “disciplinar o intentar disciplinar un sindicato” que denuncia las deficiencias del gobierno y que no se arrodilla.
Ana Marks (PJ-NE) también se manifestó en contra, señalando que las decisiones legislativas siempre tienen valoraciones políticas. Sostuvo que la eliminación del 2 por mil es una “voluntad de dificultar la actividad gremial”. Cuestionó que eliminar este costo “mejore el acceso a la justicia”, argumentando que el problema de acceso se relaciona con la alta tasa de justicia y las demoras del Poder Judicial.
Señaló que la premura por tratar el proyecto ocurre poco después de que la Organización Internacional del Trabajo notificara una queja sobre posibles vulneraciones a derechos sindicales. Concluyó que el proyecto es parte de una matriz de pensamiento que busca “disciplinar” y debilitar a los trabajadores, empobreciendo a los judiciales al eliminar beneficios directos de salud y recreación.
El legislador José Luis Berros (VcT) calificó el proyecto como un “intento de silenciar y disciplinar a las organizaciones sindicales”. Sostuvo que el 2 por mil no es ningún privilegio, sino un derecho de los trabajadores, y que los fondos se destinan a fines sociales y sanitarios, como la cobertura de farmacia y estudios.
Sostuvo que la derogación perjudica a las familias de los trabajadores judiciales al poner en riesgo beneficios y los alojamientos sociales provistos por el sindicato. Enfatizó que el 2 por mil no es la verdadera “valla de acceso al Poder Judicial,” sino las costas judiciales exorbitantes y los casos de impunidad.
