El legislador provincial Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Río Negro para crear el Programa “Asfalto Rionegrino”, una iniciativa que apunta a “reducir el costo del asfalto, economizar la obra pública y garantizar el acceso equitativo a la pavimentación urbana y barrial en todo el territorio provincial”.
En los fundamentos del proyecto se advierte que “el Estado de la infraestructura vial urbana y barrial constituye una de las principales demandas de los vecinos y vecinas de la provincia”, y que la falta de pavimento y el deterioro de las calles “generan serios problemas de transitabilidad, incrementan los costos de mantenimiento urbano, afectan la seguridad vial y deterioran de manera directa la calidad de vida de la población”.
La iniciativa propone la adquisición e instalación de cinco plantas asfálticas de menor escala, económicas y de fácil operación, con un valor estimado de 370 mil dólares cada una. Según el texto, la inversión total rondaría los 1,85 millones de dólares, “un monto comparable al costo de una sola planta tradicional”, pero con un impacto territorial, productivo y social “ampliamente superior”.
“El mercado actual ofrece plantas asfálticas tradicionales de gran porte con valores que oscilan entre 1,2 y 2 millones de dólares, sin considerar los costos adicionales de instalación, operación y mantenimiento, lo que las vuelve inaccesibles para la mayoría de los municipios”, sostiene el proyecto. Frente a ese escenario, se plantea una alternativa que permita “optimizar los recursos disponibles y generar ahorros reales que se traducen directamente en más cuadras asfaltadas”.
Las cinco plantas estarán distribuidas estratégicamente en las distintas regiones de la provincia: Alto Valle, Valle Medio, Valle Inferior, Línea Sur y región Cordillerana. De acuerdo a la propuesta, esta distribución permitirá “reducir significativamente los costos de traslado del material, garantizar previsibilidad en la ejecución de obras y asegurar que todos los municipios, independientemente de su ubicación geográfica, puedan acceder al asfalto en igualdad de condiciones”.
En cuanto a la capacidad operativa, el proyecto detalla que cada planta podrá producir aproximadamente 50 toneladas por hora, lo que permitiría “pavimentar una cuadra estándar de 100 metros cada dos horas”, posibilitando una ejecución sostenida de obras de pavimentación, repavimentación, bacheo y mantenimiento urbano.
El texto pone especial énfasis en el impacto social de la iniciativa. “Las calles de tierra provocan polvo en suspensión, barro en épocas de lluvia y dificultades para el acceso de ambulancias, patrulleros y otros servicios esenciales”, señala, y agrega que estas condiciones “impactan con mayor fuerza en los barrios populares y periféricos, profundizando desigualdades territoriales que el Estado Provincial tiene la obligación de revertir mediante políticas públicas activas y sostenidas”.
Desde esa perspectiva, el Programa “Asfalto Rionegrino” es definido como “una política pública orientada a mejorar la calidad de vida, reducir desigualdades territoriales y fortalecer la integración urbana”. Además, se destaca que la pavimentación “revaloriza las viviendas, fortalece el arraigo barrial y promueve el desarrollo económico y comercial de cada localidad”.
Otro aspecto central del proyecto es la gestión estatal del programa. La operación, administración y mantenimiento de las plantas estarán a cargo exclusivamente de personal de la Dirección de Vialidad Rionegrina, con el objetivo de “fortalecer el rol del Estado Provincial, defender el empleo público y garantizar control, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos”.
En materia ambiental, se establece que las plantas deberán tener funcionamiento 100% eléctrico, “sin quema de combustibles fósiles”, lo que permitirá reducir costos operativos y minimizar el impacto ambiental, en línea con “una política pública moderna, eficiente y sustentable”.
Respecto del financiamiento, el proyecto subraya que no se crean nuevos impuestos ni se incrementa la presión fiscal. Por el contrario, se propone “la correcta reasignación de recursos existentes”, entre ellos partidas presupuestarias, recursos de la Dirección de Vialidad, ingresos por venta de asfalto, aportes nacionales o internacionales, un porcentaje de regalías hidrocarburíferas, fondos derivados del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y recursos provenientes de multas de tránsito y por exceso de peso.
“Se trata de traducir ingresos estratégicos de la provincia en beneficios concretos y visibles para los vecinos y vecinas”, sostiene el texto, al tiempo que remarca que los recursos provenientes de radares y balanzas móviles “tienen como finalidad natural la inversión en infraestructura vial y seguridad del tránsito”.
El proyecto establece, además, la capacitación permanente del personal afectado al programa.
