La comisión de Planificación de la Legislatura de Río Negro dio dictamen de mayoría al proyecto de ley que autoriza al Instituto de Desarrollo del Valle Inferior de Río Negro (IDEVI) a realizar la adjudicación y venta de un loteo en Viedma.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca facilitar el acceso a la tierra y promover el desarrollo social y habitacional para los trabajadores del IDEVI y del Poder Ejecutivo provincial. El proyecto fue defendido por el presidente del IDEVI, Gastón Gutiérrez, y la secretaria Legal y Técnica de la Provincia, Julia Mosquera.
El titular del Instituto explicó que el IDEVI no necesita una ley para lotear, pero que la propuesta se presentó para “socializar y democratizar el proyecto”. La iniciativa se justifica como un “reconocimiento legítimo a la contribución directa de los/as trabajadores/as al mantenimiento y protección de estos bienes”.
El loteo contempla la subdivisión de la propiedad en un total de 105 lotes de aproximadamente 300 m² cada uno, zonificados como R3 con servicios completos. La distribución estipula 40 lotes para empleados y empleadas del IDEVI y 60 lotes para el Poder Ejecutivo provincial. Gutiérrez explicó que la articulación con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos permite que la provincia desarrolle la infraestructura, mientras que el IDEVI utiliza el recupero de la venta de los lotes para “capitalizarse y desarrollar obras e inversiones”.
Se aclaró que no se trata de un loteo social, sino de lotes con servicios completos, cuyo valor, aunque inferior al de mercado (15.000 dólares en zonas linderas), se traslada al costo de la tierra.
A pesar de que varios legisladores reconocieron la necesidad de generar suelo urbano, las voces en contra y las dudas se centraron en la distribución de costos, las condiciones de adjudicación y la exclusión de trabajadores no estatales.
El legislador Luciano Delgado Sempé (VcT) fue crítico respecto a la finalidad, manifestando que “el IDEVI busca resolver la problemática habitacional de los rionerinos, no de sus trabajadores”. Además, Delgado Sempé y Fabián Pilquinao (VcT) cuestionaron si el proyecto implicaba que “todos los ciudadanos de Río Negro nos hagamos de los servicios que hay que poner sobre ese loteo”.
Por su parte, el legislador Santiago Ibarrolaza preguntó por qué en el proceso de democratización solo acceden los empleados del Estado y no otros trabajadores, como “un empleado de comercio, un trabajador de la construcción, un obrero de cualquier actividad”.
El legislador Juan Murillo (Pro) acompañó la discusión, oponiéndose a la manera de distribuir los 60 lotes al Ejecutivo provincial, sugiriendo que hay “otras prioridades u otro grupo de gente que hay que darle la prioridad”.
Otro punto cuestionado fue “la falta de claridad en los criterios de asignación y el financiamiento”. Los legisladores del PJ-NE Ana Marks y Leandro García solicitaron un mayor detalle sobre el plan de financiamiento para asegurar que el lote realmente quede en manos de un trabajador, indicando que “no está claro… el reparto de costos y beneficios”. Delgado Sempé cuestionó la transparencia si no se establecía con claridad si el acceso era para “vivienda única”.
En respuesta a estas preocupaciones, luego de una sugerencia de la legisladora Roberta Scavo (CC-ARI-C) se aceptó incorporar la mención al IPPV en el proceso de selección y la especificación de la condición de vivienda única.
Finalmente, el proyecto tuvo dictamen por mayoría. Los bloques opositores representados por Ana Marks(PJ-NE), Juan Martín (Pro) y José Luis Berros (VcT) solicitaron 48 horas para dictaminar.
