La comisión de Planificación de la Legislatura de Río Negro debatió este martes un proyecto de ley para expropiar dos parcelas ubicadas en Punta Colorada, Sierra Grande. El objetivo de esta medida es incorporar estos terrenos a la superficie destinada al Régimen de Zona Franca, en el marco del desarrollo económico regional y nacional.
El ministro de Modernización y secretario de Asuntos Estratégicos y Planificación, Milton Dumrauf, y la secretaria de Áreas Industriales, Soledad Ponce, explicaron los alcances del proyecto impulsado por el Ejecutivo. Fundamentaron que las parcelas son indispensables para completar el trazado y diseño funcional de la superficie asignada, especialmente la que posee frente marítimo, cuya ubicación es estratégicamente mejor que la parcela que quedaría dividida por la ruta N° 9.
La necesidad de la expropiación surge de la imposibilidad de una adquisición voluntaria, siendo las parcelas privadas y ubicadas justo “ancladas en el medio” del área destinada a la Zona Franca, lo que tornaría inviable todo el proyecto. La medida se considera un “paso imprescindible y urgente” para la materialización de un objetivo estratégico de largo plazo para la Patagonia.
Se hizo hincapié en que la Zona Franca, al ser una zona franca aduanera, ofrece exenciones impositivas y arancelarias, siendo una “política de transformación estructural” que busca convertir a Sierra Grande en un polo de desarrollo. Dumrauf estimó que el gasto de la expropiación, basado en la evaluación fiscal más un tercio, sería de aproximadamente 114 millones de pesos, y consideró que el gasto es “estratégico hacerlo para que podamos culminar con la concreción el proyecto de hacer realidad la zona franca”.
Los discursos a favor de la iniciativa destacaron el rol estratégico que la Zona Franca adquiere en el contexto productivo actual de la provincia. El legislador Fernando Frugoni (CC-ARI-CA) argumentó que la zona ahora tiene “mucha razón de existir” a partir de la realidad de un proyecto que busca convertir a Río Negro en el “principal protoexportador hacia el mundo de petróleo y de gas”, con el desarrollo de los proyectos GNL2 y GNL3.
Desde los bloques con dudas, el debate se centró en la ausencia de planificación territorial y el costo que la expropiación implica para el Estado. La legisladora Magdalena Odarda (VcT) consultó sobre el estado de la implementación de la Zona Franca desde el 2021, preguntando por la constitución del Directorio, el llamado a licitación para la concesión, y si se han realizado obras de infraestructura, señalando que han pasado “ya varios años y no se avanzó ni para adelante ni para atrás”.
Varios legisladores cuestionaron que el Estado deba expropiar terrenos que una empresa pública, Hiparsa, vendió previamente a particulares. Se criticó que el Estado tenga que “expropiar lo que nosotros mismos vendimos desde la empresa pública”, lo que “evidencia una falta de planificación” que recae en el mismo signo de gobierno.
Se revelaron detalles sobre la historia de los terrenos: los lotes fueron entregados inicialmente en comodato en 2016 y luego se firmó un boleto de compraventa en 2019, con una escrituración reciente (marzo de 2024). El legislador Juan Murillo (PRO) y el legislador Delgado Sempé (VcT) señalaron la disparidad entre el precio de venta original (527.000 pesos en 2019 para una de las parcelas) y el monto actual de expropiación. Delgado Sempé afirmó que el precio de venta fue “irrisorio” y que al comprarlo a un precio muy superior se está “administrando mal, muchachos, nada más”. También surgió la preocupación de que uno de los propietarios alegara tener un contrato de ejecución vigente con YPF, cuya validez de 4 ó 5 años podría significar un perjuicio para la provincia.
A pesar de las críticas y las dudas sobre la planificación y el manejo de los bienes públicos, la moción para dictaminar favorablemente el proyecto de ley resultó aprobada por mayoría. Los bloques PRO, VcT y PJ-NE solicitaron 48 horas para emitir su dictamen.
