Un nuevo proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro busca dar respuesta a una problemática que afecta a unas 3 millones de hectáreas, es decir, casi la mitad de las tierras fiscales de la provincia: la falta de regularización dominial.
Para revertir esta situación, los legisladores Leandro García, Alejandra Mas, Daniel Belloso y Luis Ivancich (PJ-Nuevo Encuentro) proponen la creación del “Fondo Arraigo”.
El objetivo principal de esta iniciativa es subsidiar o financiar los trámites de mensura, deslinde y amojonamiento para aquellos antiguos pobladores y pequeños productores que, por falta de recursos económicos, se ven imposibilitados de acceder al título de propiedad de los predios que habitan y trabajan.
El obstáculo económico de las mensuras
Actualmente, el requisito legal de contar con una mensura registrada representa la principal barrera para que los comúnmente denominados “fiscaleros” regularicen su situación.
Según detallan los autores en los fundamentos del proyecto, realizar una mensura en la Región Sur para un predio menor a 3.000 hectáreas “requiere una inversión inicial superior a los 4,2 millones de pesos, lo que equivale a más de 15 salarios mínimos vitales y móviles”.
“En zonas de mayor cotización, como la región andina o los valles irrigados, los costos se disparan partiendo desde los 1.500 dólares por hectárea”, añaden.
También mencionan que esta imposibilidad económica “ha dejado al 50% de las tierras fiscales en la irregularidad, una situación de incertidumbre jurídica que desalienta la inversión, impide el desarrollo productivo e incluso ha fomentado prácticas de intercambios ilegales o fraudulentos a lo largo de la historia”.
Financiamiento: un impuesto progresivo a las grandes propiedades
Para sostener económicamente el “Fondo Arraigo”, el proyecto plantea una reforma tributaria de carácter progresivo mediante la creación de un “adicional arraigo”. Este mecanismo incrementaría el impuesto inmobiliario para los sectores que manifiestan mayor capacidad contributiva.
Específicamente, se aplicaría un recargo del 20% a los inmuebles (urbanos, suburbanos y rurales) que se encuentren en la escala máxima de valuación fiscal. Este porcentaje se elevará al 30% en el caso de que los inmuebles sean considerados ociosos o improductivos, y alcanzará un 35% para las propiedades rurales y subrurales ubicadas en el departamento de Bariloche cuya superficie supere las 100 hectáreas.
Los autores del proyecto argumentan que los impuestos actuales “parten de una valuación fiscal fuertemente subestimada (con diferencias que rondan el 900% respecto al valor de mercado), y que es precisamente en la zona andina donde existe la mayor brecha entre el valor fiscal y el precio real de la tierra. Una vez cumplido el objetivo de regularizar todas las tierras fiscales, este adicional impositivo deberá ser eliminado o cambiar su destino2.
Registro único y freno a la especulación
Además del esquema de financiamiento, la normativa propone la creación de un Registro Único de Adjudicatarios y Permisionarios de tierras fiscales que estará a cargo de la actual Dirección Provincial de Tierras. Esta área sistematizará la información catastral, socioeconómica y productiva de cada solicitante. Dado que la demanda podría superar la recaudación inicial, se establecerán criterios de prioridad basados en la edad y arraigo del ocupante, su situación socioeconómica y el tamaño del predio.
Para evitar la especulación inmobiliaria, el proyecto establece un candado legal: quienes logren financiar su mensura a través de este fondo estatal no podrán solicitar el permiso de venta, cesión o transferencia de sus tierras a terceros por un plazo de 10 años contados a partir de la obtención del título de propiedad.
La iniciativa, que mantiene plena vigencia tras no haber logrado tratamiento parlamentario durante su presentación en 2024, busca garantizar el arraigo cultural y brindar la seguridad jurídica necesaria para que las familias campesinas puedan insertarse de manera competitiva en el entramado productivo rionegrino.
