El proyecto de ley para ratificar el acuerdo con YPF y Argentina LNG SAU fue presentado este jueves en reunión plenaria de comisiones. La iniciativa, que promete transformar la matriz productiva de la región, incluye importantes incentivos fiscales y prevé una inversión histórica para exportar el gas de Vaca Muerta al mundo.
Los alcances del proyecto fueron presentados por el secretario de Relaciones Institucionales de Energía de la Provincia, Mario Figueroa; y Alejandro Palmieri, Director de la Agencia de Recaudación Tributaria y Gastón Pérez Estevan, Fiscal de Estado, respondieron las consultas de los legisladores de los distintos bloques.
El proyecto del Ejecutivo busca ratificar el Acta Acuerdo firmada el pasado 23 de enero de 2026, mediante la cual se establecen las bases para el desarrollo del Proyecto Argentina LNG, una obra de infraestructura estratégica que posicionará a la provincia como un hub exportador de energía a escala global.
La iniciativa declarada de “interés público” tiene como objetivo principal la construcción y operación de una infraestructura de gran escala destinada a la licuefacción y exportación de gas natural. El proyecto busca integrar la producción de Vaca Muerta con la costa atlántica rionegrina, abarcando toda la cadena de valor: desde el transporte por gasoductos dedicados hasta el procesamiento y embarque del combustible.
Según detalló Figueroa, el plan contempla una capacidad inicial de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA), con la posibilidad de futuras expansiones. Las obras incluyen la instalación de plantas flotantes de licuefacción (FLNG) en el Golfo San Matías, un sistema de transporte por ductos (gasoducto y poliducto) y una planta de fraccionamiento de líquidos .
El impacto socioeconómico proyectado es significativo: el gobierno provincial estima la creación de hasta 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante la ejecución, priorizando la mano de obra y proveedores locales.
Para asegurar la viabilidad de una inversión de esta magnitud y competir en el mercado internacional, la provincia de Río Negro se comprometió a otorgar un régimen tributario especial que brinda previsibilidad a largo plazo.
Entre los principales beneficios fiscales otorgados a las empresas (YPF y Argentina LNG SAU), las compañías estarán exentas del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para todas las actividades de la cadena de valor (excepto venta local de derivados) y del Impuesto de Sellos en todos los contratos e instrumentos relacionados con el proyecto.
En el acuerdo se garantiza que no se aplicarán nuevos tributos ni se incrementarán las cargas actuales durante tres décadas a partir de la puesta en marcha comercial del proyecto.
Por otra parte, las empresas quedarán fuera de los padrones de recaudación anticipada, retenciones y percepciones bancarias provinciales.
Las obras principales detalladas en la documentación técnica incluyen unidades flotantes de Licuefacción (FLNG). Se instalarán dos unidades ubicadas offshore (costa afuera), situadas a aproximadamente 7 kilómetros de las líneas de base de la costa, en una zona con una profundidad de agua de unos 40 metros.
Cada unidad tendrá una capacidad de producción de 6 millones de toneladas por año (MTPA), sumando un total de 12 MTPA en esta etapa. Contarán con tres “trenes” de licuefacción de 2 MTPA cada uno.
Tendrán una capacidad de almacenamiento de GNL de aproximadamente 270.000 m³. Utilizarán un sistema de anclaje de tipo “yugo flexible submarino” (subsea soft yoke) .
El gas llegará a la costa mediante un gasoducto dedicado de 48 pulgadas y 520 km de longitud. Una vez en la costa del Golfo San Matías, se conectará con las unidades flotantes a través de ductos submarinos .
Se prevé el desarrollo de instalaciones portuarias y bases de apoyo que incluirán talleres de mantenimiento, áreas de almacenamiento, instalaciones de respuesta ante emergencias, soporte logístico para las operaciones marítimas .
La comercialización del gas se realizará mediante la transferencia directa desde las unidades flotantes hacia los buques metaneros (con capacidades entre 140.000 m³ y 215.000 m³) utilizando una configuración “barco a barco” (side-by-side) .
En la reunión, el legislador Luciano Delgado (VcT) realizó críticas relacionadas a la recaudación y el impacto ambiental, se mostró muy crítico respecto a los beneficios económicos reales que obtendrá Río Negro. Cuestionó reiteradamente cuántos ingresos “vivos” o directos recibirá la provincia y cuántos millones se perderán debido a la exención del impuesto de sellos en contratos multimillonarios. Además, Delgado expresó una fuerte preocupación ambiental, señalando que el gasoducto cruzará por debajo del río y que un accidente podría contaminar el agua que abastece al Valle Medio y Viedma, considerando que la provincia está poniendo en riesgo su “estepa y río”.
Por el mismo bloque, Magdalena Odarda expresó preocupación por las expropiaciones costeras y la rentabilidad La legisladora centró sus reclamos en las garantías legales y medioambientales. Odarda preguntó cuál será la rentabilidad estimada de las empresas durante los 30 años del contrato, para evaluar si los aportes a la provincia son verdaderamente equitativos.
Advirtió sobre la posibilidad de que se expropien inmuebles y tierras para privatizar las costas del Golfo, exigiendo saber cómo se retrotraerían esas tierras al dominio público en caso de que el proyecto fracase. Asimismo, reclamó que las futuras audiencias públicas por los estudios de impacto ambiental garanticen una participación ciudadana plena, implementando modalidades mixtas (virtuales y presenciales), y pidió aclarar la relación entre este proyecto y el de la corporación Southern Energy.
Leandro García (PJ-NE) cuestionó puntualmente el artículo 4.1, interpretando que le permite a la empresa (el VPU) cancelar el proyecto de manera unilateral sin consecuencias, mientras que la provincia asume todos los costos judiciales de las expropiaciones. También inquirió si la planta fraccionadora de gases pagará el impuesto a los Ingresos Brutos y cuántos puestos de trabajo generará, lamentando que no se haya establecido un mecanismo para que la provincia capte parte de una “renta extraordinaria” si los precios internacionales varían.
Por su parte, el legislador Fernando Frugoni (CC-ARI-Cambiemos) en contraste con las críticas, defendió los números del proyecto, aportando datos sobre su impacto positivo. Destacó que el 80% de las empresas de servicios son locales, y que el consorcio destinará cerca de 200 millones de dólares en contrataciones locales y 117 millones de dólares en sueldos para personal rionegrino.
Para desestimar visiones “catastróficas”, remarcó que se prevén 2.467 puestos de mano de obra directa y 2.570 indirectos, consultando a los funcionarios para certificar estos datos. Además, propuso replicar el modelo de control ambiental conformado por universidades y el CONICET que se utiliza en Vaca Muerta.
Lorena Matzen (UCR) enfocó su intervención en el desarrollo de las comunidades. Requirió detalles sobre cómo se implementará el programa de formación técnico-profesional para garantizar que la gran demanda de trabajadores sea cubierta, en su mayor medida, por mano de obra rionegrina. Además, destacó la importancia de las obras de infraestructura periféricas, pidiendo precisiones sobre los plazos y la planificación para poner en operatividad el aeropuerto de San Antonio Oeste, considerándolo una pieza clave para el turismo regional.
Finalmente, Yolanda Mansilla (PRN) expuso dudas sobre el respeto a la autonomía de los municipios, preguntando cómo hará el gobierno provincial para convencer o prohibir a las municipalidades cobrar tributos o regalías propias a las empresas durante los próximos 30 años de estabilidad fiscal acordados. También consultó qué mecanismos utilizará la provincia para controlar el volumen de producción y asegurar el cobro proporcional del “Aporte Comunitario” variable.
La ratificación del acuerdo se votará mañana en la sesión extraordinaria.
