La Legislatura de Río Negro trató en comisiones este martes tres proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo para autorizar al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) a transferir terrenos en carácter de donación a las municipalidades de Guardia Mitre, Cipolletti y Viedma.
Los proyectos buscan dar respuesta a necesidades habitacionales, educativas y de regularización dominial. Las iniciativas legislativas fueron concebidas como herramientas fundamentales para atender demandas urgentes de la población rionegrina, lo que constituye el principal argumento a favor de su sanción.
Para Guardia Mitre, el proyecto autoriza la transferencia de cuatro parcelas con el objetivo explícito de desarrollar la “construcción de viviendas” en un plazo de 36 meses.
En el caso de Cipolletti, la donación de dos parcelas tiene como propósito “efectuar una relocalización educativa y generar un espacio verde de uso público”, también con un plazo de ejecución de tres años.
Finalmente, en Viedma, la transferencia de veinte parcelas apunta a “efectuar la regularización dominial” en un plazo más acotado de 12 meses.
La comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, presidida por el legislador Carlos Valeri, aprobó los dictámenes de las tres iniciativas en forma unánime.
Resarcimiento de gastos por siniestros viales
Por otra parte, la comisión abordó el proyecto del legislador Fernando Frugoni (CC-ARI-CA) que busca obligar a los conductores responsables de siniestros viales a reintegrar al Estado provincial los gastos incurridos por atención médica, asistencial y de logística.
La iniciativa surge de la preocupación por la alta tasa de víctimas fatales en la provincia y la carga económica que la irresponsabilidad vial genera al sistema público de salud cuando los seguros o las obras sociales no cubren los costos.
Legisladores de diferentes bloques expresaron sus reparos legales y operativos. Entre otros, que se otorgue calidad de título ejecutivo a una simple certificación administrativa de deuda, lo cual “se contrapone con el código justamente de procedimiento administrativo”.
Además, se señaló la dificultad que implicaría la coordinación para emitir ese título ejecutivo entre las dos autoridades de aplicación mencionadas: el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad y Justicia.
Se criticó que el proyecto genera “una dispersión normativa” al considerar que el resarcimiento ya está contemplado en el Código Civil y la ley de Tránsito. En la misma línea, se señaló que “la provincia podría reclamar ese daño porque todo daño es resarcible y dentro del código de procedimiento, el código civil está”, sugiriendo que la norma se tomara como un agravante y se articulara la vía judicial con el Fiscal de Estado.
Ante las consultas sobre la complejidad de aplicación y cobro, el legislador Lucas Pica (JSRN) propuso encontrar una solución similar a la Ley 5754, que facilita a Salud Pública transformar la certificación de deuda en un título ejecutivo para “acortar los plazos de del recupero”.
Finalmente, la comisión votó la moción para dejar el proyecto en comisión a fin de realizar consultas y encontrar mejoras operativas.
