Un nuevo proyecto de ley ingresado a la Legislatura de Río Negro propone establecer la obligación de exhibir de manera exclusiva los pabellones nacional, provincial y municipal en todos los edificios públicos del territorio.
El objetivo central es evitar que los espacios estatales “sean utilizados para expresar adhesiones sectoriales, partidarias o identitarias que no reflejen el carácter integrador” de la administración pública.
La iniciativa plantea la prohibición explícita de izar cualquier otra bandera, estandarte o emblema diferente a los oficiales, buscando establecer reglas claras para garantizar una imagen institucional uniforme y promover el sentimiento de pertenencia común.
El proyecto es autoría de la legisladora Martina Lacour (PRO), quien entre sus fundamentos sostiene que la totalidad de los habitantes están representados por la bandera argentina “con independencia de su origen o antecedentes culturales”.
La legisladora reconoce el valor de la diversidad cultural en la esfera privada y comunitaria, pero advierte que los edificios públicos “constituyen espacios institucionales que representan al Estado y a la comunidad en su conjunto, por lo que su simbología debe responder a criterios de neutralidad institucional y representación general de la ciudadanía”.
Finalmente, la normativa contempla excepciones muy específicas, limitadas a izamientos a modo de bienvenida diplomática para autoridades extranjeras o en el marco de la Resolución 3054/12 del Consejo Provincial de Educación. El proyecto es tajante en su aplicación: estipula que quien infrinja la prohibición de izar banderas no oficiales será reprimido con las sanciones establecidas en el artículo 222 del Código Penal de la Nación.
El artículo 222 establece penas de prisión de uno a cuatro años para quien “ultrajare públicamente la bandera, el escudo o el himno de la Nación o los emblemas de una provincia argentina”.
La parlamentaria aclara que se trata de una iniciativa que se vuelve a presentar, al haber perdido estado parlamentario, destacando la “importancia institucional de la materia regulada” para reabrir su debate.
