La legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, presentó un proyecto de ley que declara de interés provincial la preservación, conservación, defensa y mejoramiento de los humedales ubicados en el territorio de Río Negro. La iniciativa reconoce el valor estratégico de estos ecosistemas para el equilibrio ambiental y el bienestar de las comunidades.
El proyecto define a los humedales como marismas, pantanos, turberas y superficies cubiertas de agua, sean naturales o artificiales, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas. También incluye zonas ribereñas, islas y cuerpos marinos de poca profundidad, especialmente cuando actúan como hábitat de aves acuáticas y otras especies silvestres.
La finalidad de la ley es establecer un marco claro para la protección de los humedales, orientado al uso responsable del suelo, el agua y los recursos naturales. La iniciativa busca ordenar el crecimiento urbano, industrial y agroganadero, garantizar la conservación de los ecosistemas, impulsar la creación de áreas protegidas y promover la educación ambiental.
Entre los servicios ambientales que brindan estos ecosistemas se destacan la provisión y filtrado de agua, la regulación de inundaciones, la mitigación del cambio climático mediante el almacenamiento de carbono, la conservación de la biodiversidad, la estabilización de microclimas y la protección de acuíferos. Además, los humedales son fuente de alimento y refugio para comunidades humanas, animales silvestres y domésticos.
La propuesta establece que ante cualquier hecho que implique la alteración o degradación de un humedal, las autoridades deberán intervenir de manera inmediata. Y de ser necesario, se aplicarán las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente, incluyendo lo establecido por la Ley Nacional Nº 25.675 (Ley General del Ambiente).
“La función ecológica de los humedales como reguladores naturales de los regímenes hidrológicos, así como su rol vital como hábitat de flora y fauna silvestre, los convierte en un bien natural común de enorme valor. No solo por su importancia ambiental, sino también por su dimensión económica, cultural, científica y recreativa. Este valor integral es el que justifica y exige la elaboración de políticas públicas concretas que garanticen su preservación a largo plazo”, se señala en el proyecto.
