Ingresó a la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que busca regular de manera integral las etapas de cierre y post cierre de las operaciones mineras.
La iniciativa, impulsada por el legislador Juan Martín (PRO – Unión Republicana), tiene como objetivo principal garantizar la sostenibilidad ambiental y asegurar que el entorno afectado por la actividad sea restaurado a su estado original, tanto en sus aspectos físicos como geoquímicos.
La propuesta llega en un momento importante para la provincia, traccionado por las oportunidades económicas que representa -entre otros- el proyecto minero Calcatreu, operado por la empresa Patagonia Gold. De acuerdo a los datos oficiales, esta explotación generará 742 empleos entre directos e indirectos, abriendo un amplio abanico de vacantes para operadores de maquinaria, soldadores, mecánicos y profesionales, lo que promete inyectar estabilidad económica y dinamizar fuertemente el comercio local.
Sin embargo, Juan Martín advierte que “las grandes operaciones mineras son proyectos intergeneracionales y que el agotamiento del mineral —y el consecuente cierre de la mina— es un evento que indefectiblemente sucederá. Históricamente, la falta de planificación en el abandono de los yacimientos trajo consigo severas consecuencias ambientales, sociales y económicas a nivel global, un error que la provincia busca evitar”.
Garantías millonarias y cuidado a largo plazo
El legislador considera que “uno de los ejes más importantes del nuevo marco legal es la obligación de que las empresas constituyan garantías financieras. Este respaldo económico funcionará como un seguro de cumplimiento ante un posible cierre anticipado, situaciones de emergencia o la insolvencia del operador, evitando así que sea el Estado provincial quien deba asumir los millonarios costos de los pasivos ambientales”.
Además, las empresas deberán presentar un exhaustivo “Plan de Cierre y Post Cierre” que detalle las medidas de rehabilitación, cronogramas, métodos de control y costos, el cual deberá ser actualizado de manera bienal.
Una vez finalizada la extracción, comenzará la fase de “post cierre”, que exige un cuidado activo del lugar. Para las actividades mineras de primera categoría, esta etapa de responsabilidad empresarial se extenderá por un plazo no menor a 10 años. Durante este tiempo, las operadoras estarán obligadas a presentar informes anuales a la provincia detallando los resultados de sus monitoreos biológicos, físicos y geoquímicos.
Río Negro, a la vanguardia nacional
Juan Martín subrayó que “actualmente, el Código de Minería de la Nación carece de una regulación profunda sobre el cierre de yacimientos, limitándose a establecer la obligación de presentar informes de impacto ambiental con algunos aspectos relacionados a la mitigación y recomposición de daños”.
Apoyándose en la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, Río Negro se convertiría en la segunda provincia del país, después de Santa Cruz, en contar con una ley específica de cierre y post cierre de minas.
