Por Pedro Pesatti, vicegobernador de Río Negro
El desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado frente a las costas de las Islas Malvinas, constituye una iniciativa de inversión offshore llamativamente invisibilizada en la conversación pública argentina. Sin embargo, podría representar, en los hechos y por la vía económica, una consolidación definitiva de la soberanía británica en el Atlántico Sur.
El proyecto —liderado por Rockhopper Exploration (Reino Unido) y Navitas Petroleum (Israel)— estima producir más de 700 millones de barriles en las próximas décadas. Con ingresos estimados de magnitud inédita para las islas, el impacto de la renta petrolera sobre su economía será estructural. Para un Estado isleño pequeño, con 3.500 habitantes y autonomía fiscal, capaz de ofrecer niveles de bienestar superiores a los de cualquier país desarrollado, la producción de petróleo —prevista a partir de 2027— multiplicará varias veces los enormes beneficios que ya representa la renta pesquera. No es difícil imaginar cómo esa transformación profundizará la voluntad de sus habitantes respecto de su pertenencia nacional.
Frente a este escenario, el presidente Javier Milei, durante su discurso del pasado 2 de abril, propuso una tesis que marca un giro conceptual: “Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies. Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos.” Bajo este paradigma, la soberanía deja de ser un derecho inalienable y una obligación histórica, para convertirse en una competencia entre sistemas. La idea de autodeterminación —rechazada por la doctrina argentina en virtud del carácter colonial de la ocupación— es reintroducida como argumento. Es decir: si la Argentina alcanza un umbral suficiente de prosperidad, los kelpers querrán integrarse.
Lo problemático de esta posición no es solo su ineficacia política, sino su incompatibilidad constitucional. La Primera Disposición Transitoria de la Constitución Nacional establece que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas (…) y que el objetivo permanente e irrenunciable es la recuperación del ejercicio pleno de esa soberanía.” Esa cláusula no contiene ninguna invitación a que los habitantes de las islas “voten con los pies”. La soberanía, desde la perspectiva del derecho argentino, no está sujeta a seducción económica, ni admite delegación en el deseo eventual de los isleños.
El gobierno mantiene —al menos formalmente— el andamiaje jurídico construido desde 2007. Las leyes 26.659 y 26.915 sancionan toda actividad hidrocarburífera en Malvinas sin autorización nacional. Navitas Petroleum fue inhabilitada por veinte años. Sin embargo, estas herramientas legales se proyectan hoy sobre un vacío estratégico. No existe, en los hechos, una política activa para enfrentar el avance británico ni para impedir que la renta petrolera estimule aún más el sentido de pertenencia de sus pobladores al Reino Unido.
Aquí aparece la paradoja: la idea de competir por Malvinas mediante el éxito económico argentino se vuelve inoperante si, simultáneamente, se permite —por omisión— que el Reino Unido fortalezca su control mediante la explotación de recursos naturales. Si el objetivo es que los kelpers elijan a la Argentina por sus ventajas materiales, los beneficios del petróleo podrían sellar una decisión contraria, pero igualmente “legítima” desde la lógica del presidente Milei.
En este punto, es clave advertir que un país que postula como modelo el voto económico de los habitantes de un territorio en disputa, mientras consiente la consolidación de su renta adversaria, está enviando señales que colisionan con su propio marco constitucional.
La estrategia británica es evidente: afianzar su soberanía sobre el Atlántico Sur a través del control económico. La paradoja radica en la respuesta del gobierno argentino, que opta por desandar la histórica tradición del reclamo soberano y trasladar esa demanda a una hipotética prosperidad futura. Lo hace, además, en un contexto de extrema vulnerabilidad: en este mismo instante, debe recurrir al Fondo Monetario Internacional para evitar una devaluación que, tarde o temprano, los mercados facturarán en términos de más endeudamiento y dependencia —una dependencia que, sobre todo, se profundiza con los Estados Unidos, principal interesado en sostener el actual status quo sobre nuestras islas Malvinas.
