Ingresó a la Legislatura de Río Negro un nuevo proyecto de ley que busca garantizar que las comunidades locales reciban beneficios directos por el desarrollo del megaproyecto de hidrógeno verde.
La iniciativa, cuya autora es la legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), propone modificar la Ley Nº 5560 para exigir a la empresa adjudicataria nuevas responsabilidades sociales en la zona de influencia.
El punto central del proyecto es la incorporación de un “Beneficio Energético Comunitario”.
De sancionarse la ley, la concesionaria (iniciativa originalmente presentada por Argentina Fortescue Future Industries S.A.) deberá bonificar el 100% del consumo eléctrico domiciliario básico de los habitantes permanentes del Municipio de Cerro Policía.
Mansilla detalla que este subsidio “estará sujeto a un tope mensual razonable basado en el consumo residencial promedio, el cual será determinado por la Autoridad de Aplicación”.
Asimismo, la empresa deberá asumir el costo total del alumbrado público de este sector durante todo el tiempo que se mantenga vigente la concesión.
Los fundamentos del documento legislativo señalan que la enorme “magnitud territorial, económica y ambiental” del proyecto de energías renovables demanda compensaciones concretas.
Cerro Policía, situada en el Departamento de El Cuy, cuenta con una población estable de apenas 280 habitantes aproximadamente. Gracias a esta escala demográfica, Mansila asegura que la bonificación representa una acción de “alto impacto social y bajo costo relativo para la concesionaria”.
La legisladora resalta que estas acciones “se alinean con principios de equidad territorial y responsabilidad social empresaria. El objetivo de fondo es fortalecer el arraigo de la población, incentivar la radicación de nuevas familias y consolidar la licencia social que el proyecto necesita para operar en armonía con la comunidad”.
“Como la Ley 5560 ya contemplaba obligaciones como el compre rionegrino y el uso de mano de obra local, la legisladora argumenta que es jurídicamente procedente sumar este beneficio al régimen de deberes de la empresa”, sostiene Mansilla.
Para proteger a los usuarios del resto de la provincia y las arcas estatales, el proyecto incluye una cláusula restrictiva: los costos derivados de este beneficio no podrán ser trasladados a la tarifa general del servicio eléctrico provincial ni podrán descontarse del canon establecido en la ley N° 5560.
