La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría este jueves un proyecto enviado por el Superior Tribunal de Justicia, que busca incorporar varios anexos a su Ley Orgánica 5731.
“Es una norma que brinda certeza, seguridad jurídica y que complementa una serie de decisiones políticas, legales e institucionales que venimos tomando en este recinto, sostuvo el legislador Lucas Pica (JSRN). Añadió que la finalidad es que “la Justicia sea más eficaz y mejor para todos los vecinos de Río Negro”.
La iniciativa, que fue fundamentada en comisión por el juez Ricardo Apcarian, pretende unificar la normativa y establecer parámetros de conducta judicial más objetivos.
Los anexos propuestos incluyen la Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Patagonia Argentina ante la Justicia y las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, junto con los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, el documento ECOSOC 2006/23 y el Código Iberoamericano de Ética Judicial.
Estos principios buscan proteger a quienes encuentran especiales dificultades para ejercer sus derechos, ya sea por edad, género, o circunstancias sociales y económicas.
“Son importantes, pero hay que cumplirlos”
La única legisladora que aportó su punto de vista fue Magdalena Odarda (Vamos con Todos), quien en principio opinó que el proyecto “incorpora tres instrumentos normativos de alta significación con la relación a la apertura de la Justicia al ciudadano”.
No obstante, dejó en claro que “si bien se trata de medidas importantes, tenemos que cumplirlas para proteger los derechos de los más humildes”.
Inmediatamente mencionó algunas figuras jurídicas que ya fueron aprobadas anteriormente por la Legislatura y -a su entender- no se cumplen, como la de Amicus Curiae (amigo del tribunal) o las Fiscalías Ambientales.
Juzgados de Paz
Además de la incorporación de estos códigos de conducta y acceso a la justicia, la propuesta también modifica la competencia de los Juzgados de Paz para atender de manera más eficiente asuntos menores, incluyendo casos de violencia de género y familia en ciertas jurisdicciones.
El proyecto fue acompañado por la mayoría, no siendo respaldado por ocho de ellos: Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao, Ayelén Spósito y Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos), Santiago Ibarrolaza y Patricia Mc Kidd (PRO-Unión Republicana), y Luis Ivancich (PJ-Nuevo Encuentro).
