En la última sesión de la Legislatura de Río Negro, se aprobó en primera vuelta un proyecto que modifica la Ley de Procedimiento Laboral para actualizar la remisión del artículo 86 —que antes refería al Código Procesal Civil— y dirigirla al Código Procesal Administrativo, donde se concentran las previsiones específicas sobre intervención, notificación y representación estatal en juicio. La coexistencia de distintos cuerpos procesales hacía necesario evitar dispersiones normativas.
La iniciativa se inscribe en una política de modernización y digitalización procesal, buscando dotar de coherencia, agilidad y seguridad jurídica al sistema.
La reforma, presentada por los legisladores Lucas Pica y Facundo López, consolida el consenso sobre la necesidad de uniformar el sistema de notificaciones cuando el Estado interviene en litigios.
Pica, miembro informante del proyecto, explicó que la reforma se inserta en el proceso de actualización de toda la codificación procesal rionegrina, incluyendo el procesal penal, civil, laboral, contencioso administrativo, contravencional y minero.
El proyecto propone modificar las remisiones que antes se hacían al Código Procesal Civil, para remitir directamente al Código Contencioso Administrativo. Esto unifica el sistema de notificaciones cuando el Estado es parte en un procedimiento contencioso administrativo laboral.
Detalló que la modificación impone una doble notificación al momento de notificar providencias. Se debe notificar “por un lado al fiscal de Estado y por otro al abogado del organismo que está en pleito para con un particular”. Pica sostuvo que esta medida “hace a la seguridad jurídica, hace a la armonización procesal”, y la considera un paso necesario. Además, agradeció las contribuciones de la legisladora Yolanda Mansilla (PRN), que “mejoraron el texto en la propuesta original”.
La legisladora Magdalena Odarda (VcT) señaló que la iniciativa busca poner el procedimiento laboral “en línea con dos instrumentos normativos como es el Código Procesal Civil y Comercial y el Código de Procedimientos Administrativos”. Ambos códigos fueron aprobados previamente por unanimidad.
Argumentó que el objetivo de su bloque es evitar “normativa contrapuesta en temas que son similares”, sobre todo al buscar alinear los tres códigos de procedimiento. La adecuación normativa también reafirma el principio de igualdad procesal de las partes , eliminando ambigüedades sobre la forma y efectos de las notificaciones judiciales.
