En la Legislatura de Río Negro presentaron un proyecto de ley que propone obligar a los tres poderes del Estado provincial, organismos descentralizados y empresas públicas a adoptar la técnica del “lenguaje claro” en todas sus comunicaciones y textos legales.
La iniciativa tiene como objetivo principal abandonar los formalismos excesivos o palabras arcaicas, garantizando así el derecho de cualquier ciudadano a comprender fácilmente la información pública que rige su vida cotidiana y facilitando el ejercicio de sus derechos.
El proyecto, impulsado por el legislador Juan Martín (PRO), marca una fuerte distinción con otras discusiones lingüísticas recientes que estancaron iniciativas similares en el pasado. En sus fundamentos, el documento plantea el debate de la siguiente manera: “En estos tiempos se habla mucho de la inclusividad del lenguaje. Pero equivocadamente lo que se propone es obligar a la sociedad a hablar como quiere el poder […] En realidad, habría que obligar al Estado a hablar (o escribir) de una manera sencilla y comprensible, en definitiva, como habla el ciudadano común”.
El texto define que los documentos estatales deberán basarse en expresiones sencillas, párrafos breves y evitar tecnicismos innecesarios, encuadrándose siempre en las recomendaciones de la Real Academia Española.
Entre sus múltiples objetivos formales, la norma busca reducir costos, cargas administrativas y el uso de intermediarios; promover la transparencia y el acceso a la información pública; y facilitar el control y la participación ciudadana en la gestión pública, entre otras.
La propuesta subraya que “es esencial para la seguridad jurídica, que las autoridades comuniquen de manera clara y comprensible cuáles son sus decisiones”, lo que representaría un paso vital para la credibilidad institucional y el buen funcionamiento de la democracia.
