Los legisladores del bloque CCARI–Cambiemos, Fernando Frugoni y Javier Acevedo, presentaron un proyecto de ley que propone que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios tarifados —energía eléctrica, gas, agua potable, servicios cloacales e internet— en la provincia de Río Negro deberán fijar la fecha de vencimiento de sus facturas con posterioridad al día 10 de cada mes.
Al fundamentar el proyecto, Frugoni explicó que “la propuesta apunta a ser justos con los trabajadores y trabajadoras que perciben un salario, tanto del sector público como del privado, quienes en muchos casos se ven obligados a pagar los servicios públicos fuera de término porque algunas empresas fijan el vencimiento en los primeros días del mes, mientras que los sueldos suelen abonarse a partir del día cinco”.
Si bien aclaró que “el monto por intereses por pago fuera de término, en términos individuales, puede no ser elevado”, advirtió que “si se considera la cantidad de empleados públicos que sufren esta penalización por depender de un cronograma de pagos, las cifras que se recaudan son millonarias”.
Como ejemplo, el legislador mencionó a la empresa Edersa, “que ya ha demostrado una escasa consideración por los usuarios”. Señaló que “este mes la factura tuvo vencimiento el 4 de febrero, cuando los trabajadores públicos y una gran parte del sector privado cobraron a partir del día 5, y en marzo vencerá el 2. Este proyecto de ley busca que estas situaciones no se repitan”.
En los fundamentos de la iniciativa se destaca que “en la economía familiar cobra cada vez mayor relevancia el peso del costo de los servicios públicos domiciliarios esenciales como la energía eléctrica, el gas, el agua corriente, los servicios cloacales e internet”, y se señala que diversas consultoras estiman que el gasto en este rubro representa entre el 11 % y el 14 % del ingreso familiar.
En ese sentido, Frugoni remarcó que “si bien el artículo 128 de la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744 establece que los salarios deben abonarse dentro de los primeros cuatro días hábiles del mes, en la práctica estos plazos se extienden, tanto en el ámbito público como en el privado”.
“Esto genera un perjuicio económico significativo, ya que muchas prestadoras fijan el vencimiento de las facturas antes de que los trabajadores perciban sus ingresos, lo que deriva en situaciones de mora involuntaria y en el cobro de recargos que se suman al monto efectivamente consumido”, señaló.
“Desde nuestra concepción política no podemos permitir que los asalariados, que no cuentan con herramientas para revertir esta realidad, queden atrapados en esta situación, más aún cuando la falta de capacidad de ahorro les impide realizar previsiones para evitar una mora involuntaria”, finalizó Frugoni.
