Se trata de un proyecto de ley presentado para modificar la distribución de los ingresos derivados del uso especial del agua pública destinada a la generación de energía hidroeléctrica.
La iniciativa presentada en la Legislatura rionegrina propone reformar la Ley N° 5707 para que parte de estos recursos se utilicen en el sostenimiento de los consorcios de riego y en el financiamiento de subsidios para las tarifas eléctricas de comercios, industrias y sectores sociales vulnerables.
El objetivo central de la medida es mitigar el impacto de la crisis actual en la economía local. El documento oficial detalla que la finalidad es “compensar los desajustes económicos y elevados costos de los servicios públicos, la escasa actividad económica y caída del consumo” que golpean de manera directa a los productores, a las actividades no mineras ni hidrocarburíferas, y a las familias rionegrinas.
La propuesta fue elaborada por los legisladores José Luis Berros (VcT), Daniel Belloso (PJ-NE), Ayelén Spósito (VcT), Magdalena Odarda (VcT), Fabián Pilquinao (VcT), Luciano Delgado Sempé (VcT), Alejandra Mas (PJ-NE), Leandro García (PJ-NE) y Luis Ivancich (PJ-NE).
En concreto, la modificación del artículo 4 de la norma fija un nuevo esquema de reparto sobre el total de la retribución especial que recibe la provincia por el uso de sus aguas.
De aprobarse, el 20% de los fondos se destinará a municipios y comisiones de fomento para obras de saneamiento y agua.
La novedad radica en la distribución del resto de los porcentajes: un 10% será para los Consorcios de Riego para apoyar la producción frutihortícola; otro 10% se dirigirá a micro, pequeñas y medianas empresas a los fines de “subsidiar las tarifas del servicio público de electricidad”; y un 5% se reservará para subsidiar la energía de familias con ingresos inferiores a la canasta básica total del INDEC.
Este proyecto se enmarca en la reciente transición y firma de nuevos contratos de concesión de los grandes complejos hidroeléctricos de la región, como Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
En este contexto, el documento destaca la necesidad de consolidar políticas de inversión en el sector, “pero siempre haciendo un uso racional del agua y respetando el desarrollo de las comunidades locales, la producción, la industria y, en particular, el ambiente”.
