Ante el escenario de crisis y recortes nacionales, un grupo de legisladores presentó una iniciativa para que el Consejo Provincial de Salud Pública incremente su participación en el presupuesto provincial entre 2026 y 2029. La medida apunta a garantizar infraestructura, insumos y mejores salarios.
La iniciativa, impulsada por Daniel Belloso, Alejandra Mas, Leandro García y Luis Ivancich (PJ-Nuevo Encuentro), busca establecer por ley que el presupuesto del Consejo Provincial de Salud Pública represente como mínimo el 16% del presupuesto general de gastos y recursos de la provincia.
En sus fundamentos, el proyecto advierte que la salud, entendida constitucionalmente como un derecho esencial, no puede quedar sujeta a “vaivenes coyunturales”.
Los autores del texto justifican la urgencia de la medida apuntando directamente contra el Gobierno Nacional: acusan al Presidente Javier Milei de “desfinanciar descaradamente los sistemas de salud, eliminando cada uno de los programas que dependen del Estado Nacional”.
“El sistema de salud público rionegrino es el actor central en un territorio de vasta extensión y baja densidad poblacional”, advierten. Actualmente, cuenta con 6 Zonas Sanitarias, 36 Hospitales y 184 Centros de Salud.
Sin embargo, mencionan en el proyecto que “los registros de los últimos siete años muestran que el presupuesto del Consejo Provincial de Salud nunca superó el 15% histórico, viéndose muchas veces relegado frente a los incrementos de otros poderes del Estado, como el Poder Judicial”. Por ello buscan revertir esta tendencia elevando la representación en 4.5 puntos porcentuales en base al promedio de ejecución de los últimos siete años.
Los objetivos de la inversión (2026 – 2029)
De ser sancionada, la ley obligará al Gobierno Provincial a aumentar la inversión en salud en el período comprendido entre 2026 y 2029.
El texto define una serie de objetivos prioritarios, entre los que se destacan garantizar el acceso pleno a la salud y políticas de protección para niños, adolescentes y adultos mayores; generar condiciones dignas de trabajo y establecer bases mínimas salariales para los trabajadores de la salud (abarcando también a los de educación); impulsar un plan de formación permanente y promover la investigación científico-tecnológica e implementar un plan de ejecución de obras de infraestructura hospitalaria y sanitaria.
Sobre este último punto, la norma estipula que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos deberá darle prioridad a la ejecución de dichas obras durante los próximos cuatro años.
