La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad la ley impulsada por el Poder Ejecutivo para extender hasta el 31 de diciembre de 2030 la vigencia del Registro de Embargos Judiciales de Municipios (REJUM). La medida busca garantizar la estabilidad financiera de los municipios rionegrinos frente a los embargos judiciales.
El REJUM funciona en la Contaduría General de la Provincia y limita los embargos judiciales al 10% de los fondos de coparticipación, regalías y tasas o servicios que perciben los municipios. Su propósito es mantener el funcionamiento financiero de los gobiernos locales, priorizando a los embargantes por orden cronológico y resguardando fondos específicos. La prórroga se consideró urgente ante la proximidad del vencimiento anterior, fijado para el 31 de diciembre de 2025.
Durante el debate, la legisladora Soraya Yahuar, miembro informante del proyecto, destacó la esencialidad de la ley para “resguardar a nuestros municipios”. Explicó que el REJUM asegura que los embargos no superen el 10% de los recursos, y que fondos de afectación específica como los bonos petroleros, para obras delegadas o convenios educativos (limpieza, comedores escolares, transporte, mantenimiento menor) son inembargables.
Contextualizó la necesidad de la prórroga en un “Gobierno nacional que no tiene ni acción ni mirada federalista hacia el interior del país”. Denunció una “baja en la coparticipación federal de impuestos” y mencionó que Río Negro recibió “cero” pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en mayo, afirmando que el “superávit fiscal” nacional “se está dibujando a expensas de las provincias”. En contraste, resaltó que el gobierno provincial “sí tiene una mirada federal hacia el interior de sus municipios y sus comisiones de fomento”.
La legisladora Magdalena Odarda brindó su “apoyo decidido” al proyecto. Calificó de “absolutamente necesaria” la limitación y el tope a los embargos judiciales, cuyo objetivo es “mantener el funcionamiento financiero de los municipios”. Argumentó que sin esta protección, los municipios no podrían operar, lo que colisionaría con el artículo 225 de la Constitución Provincial, que asegura su autonomía. Al igual que la legisladora Yauhar, aludió a las “dificultades que existen hoy para poder obtener los ingresos por coparticipación”. Enfatizó que la ley “protege los bienes municipales y le permite al municipio poder tener vida y dar respuestas a los ciudadanos y ciudadanas”.
