Por Pedro Pesatti (*)
El fallo conocido en las últimas horas, que deja sin efecto las demandas promovidas contra la Argentina por la estatización de la mayoría accionaria de YPF, tiene una importancia extraordinaria. Pero no solo por sus efectos judiciales. Su valor es todavía más profundo, porque vuelve a poner en su sitio una verdad histórica, política y económica que durante años se intentó negar, deformar o desacreditar.
Hoy nadie podría celebrar los logros que la Argentina ya exhibe en materia de explotación de Vaca Muerta sin aquella decisión que materializó un camino estratégico para el país: la recuperación de la mayoría accionaria de YPF y el acuerdo con la empresa Chevron. Allí estuvo el punto de partida. Allí comenzó a ponerse en marcha este poderoso motor. Sin esas dos decisiones, adoptadas oportunamente por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su Ministro de Economía, Axel Kicillof, sería imposible pensar en la Vaca Muerta real que hoy existe y en las enormes posibilidades que representa para el presente y el futuro del país.
Solo desde el cinismo puede argumentarse que Vaca Muerta habría podido despegar igual sin la participación del Estado a través de YPF, realizando las inversiones iniciales y asumiendo el riesgo que ningún privado estaba en condiciones de afrontar. Y sin el acuerdo con Chevron, además, que permitió acceder a la tecnología necesaria para la explotación no convencional de hidrocarburos para dar escala y viabilidad al proceso. Sin ambas decisiones tomadas al mismo tiempo, jamás habría sido posible abrir el camino que más tarde recorrieron otras inversiones hasta el día de hoy. Por lo tanto, conviene decirlo con absoluta claridad: el Estado argentino, a través de YPF, fue el actor decisivo en la etapa fundacional de Vaca Muerta. Invirtió allí donde todo proyecto enfrenta su mayor incertidumbre, cuando todavía no existen resultados de base que disipen las dudas y cuando los privados, precisamente por eso, prefieren esperar.
Durante mucho tiempo se construyeron discursos destinados a deslegitimar esa determinación. Se agravió, se insultó y se presentaron aquellas decisiones como si hubieran sido actos arbitrarios o irresponsables. Sin embargo, la realidad, como tantas veces ocurre, terminó siendo más contundente que la mentira. Este fallo debilita severamente esas impugnaciones y fortalece, aún más, la legitimidad histórica de aquella resolución política.
Además, hay otro dato que merece ser subrayado: esta orientación se convirtió en una verdadera política de Estado. La inició Cristina Fernández de Kirchner, la continuó el presidente Mauricio Macri, se sostuvo durante la gestión de Alberto Fernández y permanece en la actualidad. Esa continuidad demuestra que, por encima de las diferencias partidarias, existió una comprensión compartida acerca del valor estratégico de Vaca Muerta para la Argentina.
Por eso, antes de seguir insultando a medio mundo, el presidente Javier Milei debería advertir algo elemental: si hoy la Argentina puede entusiasmarse con Vaca Muerta, con su riqueza energética, con su capacidad exportadora y con su impacto sobre la macroeconomía, es porque hubo una decisión política previa que puso en marcha ese proceso. Lo que le corresponde hacer ahora no es descalificar retrospectivamente a quienes lo hicieron posible, sino ponerse el mameluco de YPF y garantizar que esta política de crecimiento económico se traduzca también en políticas de desarrollo.
Ese es el verdadero desafío: que este poderoso motor que los argentinos hemos puesto en marcha no quede reducido a un beneficio sectorial o a una buena noticia aislada, sino que se convierta en más industria, más trabajo, más inversión, más infraestructura, más integración territorial y más oportunidades para el conjunto de la economía nacional.
En consecuencia, la discusión de fondo ya no debería girar en torno a agravios o descalificaciones, sino en torno a cómo transformar esta plataforma que hoy ofrece Vaca Muerta en una palanca efectiva para el desarrollo argentino, con el norte puesto en una Argentina para todos, con empleos bien remunerados y jubilaciones dignas.
(*) Vicegobernador de Río Negro
