Ya es ley el Código Procesal Constitucional

La provincia de Río Negro tendrá su Código Procesal Constitucional, tras ser aprobado este miércoles en la Legislatura, en segunda vuelta, por la mayoría de los parlamentarios.

Se trata de una propuesta del Superior Tribunal de Justicia que permitirá regular los juicios de inconstitucionalidad, conflicto de Poderes, Acciones Procesales Constitucionales, mandamientos de Ejecución y Prohibición, Hábeas Corpus, Hábeas Data, Amparos y el acceso a la información pública.

“La intención es tener en un mismo cuerpo toda la normativa procesal constitucional y así evitar un esquema de dispersión como el que hoy reina”, expresó el legislador Lucas Pica (JSRN) cuando fundamentó la iniciativa en primera vuelta.

Dijo en esa sesión que “el proyecto otorga seguridad jurídica, previsibilidad y certeza. Marca de manera clara y contundente la hoja de ruta que hay que tener en la utilización, para el acceso a los tribunales rionegrinos, de estas acciones constitucionales”.

“Por otra parte significa poner a resguardo a los ciudadanos de algunos dirigentes políticos, que por tener una fama efímera llevan de la mano a vecinos que luego terminan frustrados. Es decir, queremos alcanzar la no ordinarización de los amparos”, subrayó.

Dos nuevos Códigos para cuestiones administrativas y comerciales

Otro de los proyectos aprobados en la sesión de este miércoles fue el que crea el nuevo Código Procesal Administrativo. La iniciativa contó con el respaldo de todos los legisladores presentes.

Mediante el mismo se establecen las competencias procesales, los presupuestos de habilitación de la instancia judicial, las tutelas cautelares, las etapas introductorias, audiencias preliminares, pruebas, sentencias y ejecuciones fiscales.

Finalmente se aprobó también por unanimidad el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, que -tras la primera vuelta- contó con una serie de modificaciones “de armonización, de redacción y tiempos verbales”, explicó Lucas Pica.

Añadió que se tuvieron en cuenta sugerencias de los Colegios de abogados y de la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos), entre otros.