La legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, presentó junto a las legisladoras Ayelén Spósito y Ana Inés Marks un proyecto para declarar la emergencia social de carácter intercultural en materia de violencia de género.
La iniciativa fue elaborada en conjunto con organizaciones sociales, feministas, territoriales y representantes de comunidades originarias de toda la provincia de Río Negro, con el fin de prevenir, asistir y erradicar todas las formas de violencia machista.
Odarda explicó que el proyecto “surge en un contexto de desmantelamiento de las políticas de género, tanto a nivel nacional como provincial”.
Entre sus medidas centrales la propuesta incorpora la restricción de portación de armas de fuego para personal policial con antecedentes en violencia de género y crea el Registro Provincial de Mujeres y Diversidades Desaparecidas y/o Extraviadas por presuntas causas de violencia de género. Esta herramienta permitirá que se investiguen con perspectiva de género los casos de mujeres con paradero desconocido que podrían haber sido víctimas de femicidio o trata de personas, evitando que permanezcan invisibilizados o mal clasificados.
Asimismo, se prevé la creación de un Área de Género y Diversidades dentro de la Policía de Río Negro, con competencias específicas para abordar la violencia en el ámbito institucional y comunitario. “No podemos permitir que quienes están denunciados por ejercer violencia sigan portando armas del Estado. El caso de Stefanía Civardi, asesinada en Bariloche por su pareja policía con el arma reglamentaria, es una muestra de lo que el Estado no puede volver a permitir”, advirtió Odarda.
El texto también contempla la ampliación de los sistemas de atención territorial, la implementación de oficinas tutelares y casas refugio en todo el territorio provincial, el fortalecimiento presupuestario de programas de acompañamiento y protección, y la asignación económica para mujeres y diversidades en situación de emergencia habitacional o socioeconómica.
Además, establece la aplicación efectiva y obligatoria de la Ley Micaela en todos los organismos del Estado rionegrino, con formación presencial, presupuesto asignado y mecanismos de control y evaluación de su cumplimiento.
“A nivel país -señaló Odarda- la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el recorte de programas esenciales como Acompañar, Generar y la línea 144 han debilitado la capacidad de prevención y asistencia”. Remarcó que en Río Negro el área sobre esta problemática lo aborda una subsecretaría, al tiempo que consideró que no posee el financiamiento suficiente para brindar las respuestas necesarias.
“Esta ley no nace desde un escritorio. Nace de la calle, del dolor, de las organizaciones que construyen redes de contención cuando el Estado no llega. Es una respuesta concreta, con enfoque intercultural y de derechos humanos, a una problemática estructural que se ha cobrado demasiadas vidas en nuestra provincia”, sostuvo la legisladora.
Odarda destacó también el aporte de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Bariloche, la Asamblea Feminista de Cinco Saltos, la Campaña por la Emergencia en Violencia en Río Negro, la Coordinadora del Parlamento Mapuche y muchas otras organizaciones que participaron activamente en la elaboración del proyecto.
“La violencia por razones de género no puede seguir siendo una estadística. Cada víctima es una vida que no pudimos proteger. Esta ley busca ser una herramienta concreta para revertir esa realidad, con compromiso político, presupuesto y decisión institucional”, concluyó.
