En un intento por achicar la brecha entre los derechos garantizados por la ley y la realidad cotidiana de cientos de familias, un nuevo proyecto de ley ha sido presentado en la Legislatura de Río Negro. La iniciativa, impulsada por los legisladores Lucas Pica y Facundo López (JSRN), propone modificar la Ley Provincial de Educación (N° 4819) para asegurar la real inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, especialmente aquellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Síndrome de Asperger y diversidades cognitivas.
Pese a la existencia de un amplio entramado jurídico nacional y provincial –como la Ley Nacional 26.206 y las leyes provinciales 2055 y 5124–, los fundamentos del proyecto señalan que “la inclusión educativa se topa frecuentemente con barreras institucionales, culturales y actitudinales”.
“Año a año, las familias padecen la odisea y la angustia al intentar inscribir a sus hijos, enfrentándose habitualmente al derecho de admisión o a la supuesta falta de vacantes, un flagelo que se repite mayoritariamente en los establecimientos de gestión privada”, señalan los autores.
Añaden que “a esto se suma, en muchos casos, la exclusión mediante el recorte de la jornada escolar argumentando la falta de personal de acompañamiento acorde”.
Consideran que “la urgencia de esta modificación legislativa encuentra un fuerte respaldo en los recientes reclamos judicializados”.
Un Registro de Vacantes para combatir las excusas
Para combatir las barreras en las inscripciones, la piedra angular del proyecto es la creación de un Registro Público de Vacantes. Todos los establecimientos educativos deberán informar y publicar explícitamente la cantidad de vacantes disponibles para los alumnos matriculados en el ciclo lectivo presente y para las inscripciones del año siguiente. Esta información deberá estar disponible de manera actualizada tanto en las páginas web de las escuelas, como en las del Ministerio y del Consejo Provincial de Educación.
El objetivo primordial de esta medida es “vencer o paliar las primeras acciones de exclusión que se producen en el período de inscripciones abiertas” y visibilizar el contexto de acceso a la educación.
De esta forma, se busca evitar el incumplimiento de la garantía de prioridad que asiste a las personas con discapacidad. Aquellas instituciones que incumplan con el registro serán sancionadas, y la nómina de escuelas con sanciones firmes será publicada de manera oficial.
Nuevas reglas para los colegios privados y capacitación obligatoria
El proyecto legislativo también pone especial atención sobre el sector privado. Para obtener o mantener su reconocimiento oficial y poder funcionar, los colegios de gestión privada, social o cooperativa deberán acreditar que sus reglamentos internos no poseen cláusulas de admisión discriminatorias.
Asimismo, deberán probar que se encuentran exentos de sanciones o condenas por incumplimientos a las normativas de educación y legislación vigente en materia de discapacidad, TEA y Síndrome de Asperger.
Finalmente, el Estado provincial asumirá un rol activo en la preparación de la comunidad educativa. La reforma establece la obligatoriedad de una capacitación gratuita y con certificación en discapacidad y diversidades cognitivas para todos los docentes, directivos y auxiliares, ya sea que se desempeñen en la educación pública o en la privada.
