Es una propuesta legislativa para reducir la informalidad y fomentar el traspaso de trabajadores del sector estatal al ámbito privado. La iniciativa contempla nuevas exenciones impositivas y créditos fiscales en Río Negro.
El proyecto busca acoplar la normativa provincial a las disposiciones del reciente Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) impulsado a nivel nacional, creando beneficios impositivos que resulten acumulables para los empleadores y para aquellos agentes que opten por desvincularse del Estado.
La propuesta, impulsada por los legisladores Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich, plantea modificaciones directas al Régimen General de Desvinculación Voluntaria.
En sus fundamentos, el texto se define como “una herramienta estratégica que promueve armonizar los beneficios de la normativa nacional con el régimen de incentivos para la reconversión laboral del sector público al privado”.
Los agentes públicos que se desvinculen y registren el alta de una actividad económica propia gozarán de una exención del 100% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante sus primeros doce meses, y de un 50% por un año adicional.
Las personas humanas o jurídicas que contraten en relación de dependencia a estos exempleados accederán a “un crédito fiscal provincial equivalente al cincuenta por ciento (50%) del Salario Mínimo Vital y Móvil”. Este beneficio podrá aplicarse sobre los impuestos a los Ingresos Brutos, Automotor o Inmobiliario por el plazo de un año.
De acuerdo al documento legislativo, esta reforma impositiva constituye “el puente necesario para unir los beneficios del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) con el espíritu de reconversión del Estado Provincial y de incentivos para promover el empleo privado”.
