La Legislatura rionegrina aprobó la concesión de uso hídrico a empresas generadoras. La medida establece una retribución económica sobre la facturación de las represas del Comahue y marca el inicio de la participación provincial en la renta de estos bienes naturales.
La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría el proyecto para reglamentar el uso del agua en las represas hidroeléctricas. El expediente obtuvo su sanción definitiva durante la última sesión parlamentaria. La votación en general registró 40 adhesiones y 4 rechazos. Posteriormente, el artículo primero obtuvo 30 votos positivos frente a 14 negativos.
La norma otorga la concesión del recurso hídrico de dominio provincial a las sociedades operadoras de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila. Establece además una retribución equivalente al 1% del monto facturado por las ventas al Mercado Eléctrico Mayorista. La Secretaría de Estado de Ambiente y Energía actuará como autoridad de control y fiscalización de estos ingresos.
Posiciones a favor de la iniciativa
La legisladora informante Lorena Yensen (JSRN) defendió la propuesta del Poder Ejecutivo y la calificó como “un proyecto de estricta justicia histórica y federal”. Explicó que la norma consolida los derechos adquiridos en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, la cual consagró el dominio originario de las provincias sobre sus recursos.
Detalló que el nuevo esquema permite cobrar las regalías sobre el valor real de la energía, lo que podría cuadruplicar los ingresos provinciales hasta alcanzar los 40 millones de dólares anuales.
Además, destacó la posibilidad inédita de cobrar este canon en especie. Esto habilitará a la empresa provincial EDHIPSA a comercializar energía física directamente en el mercado eléctrico. Finalmente, indicó que los ingresos conformarán un fondo hidráulico destinado a financiar mantenimiento, acueductos y obras de saneamiento en todas las localidades.
El presidente del bloque oficialista Facundo López (JSRN) respaldó la iniciativa y remarcó que es la “primera vez en la historia que los rionegrinos vamos a tener un canon por el uso del agua”. Aclaró que la provincia no tiene jurisdicción sobre las concesiones hidroeléctricas, ya que son de carácter nacional, sino que el proyecto legisla exclusivamente sobre la retribución económica por el uso del recurso hídrico local. Ante los cuestionamientos opositores por la redacción del texto, argumentó que los pliegos nacionales ya contemplan el pago sobre “todo concepto remunerado”.
Valoró el resultado de la negociación con Nación y lo contrastó con décadas de inacción de gestiones anteriores. A su vez, rechazó cualquier uso discrecional del dinero recaudado. Aseguró que los fondos permitirán garantizar obras y servicios hídricos de manera equitativa para todos los municipios a través del Departamento Provincial de Aguas.
Lorena Matzen (UCR) acompañó la medida con su voto positivo. Afirmó que la regulación permite “poner a la provincia de Río Negro a discutir este tema porque hasta acá éramos solamente espectadores”.
Javier Acevedo (CC ARI) sumó su acompañamiento en el recinto. Señaló que el nuevo esquema legal “representa un avance concreto en defensa de los recursos que posee la provincia”.
Gabriela Picotti aportó su voto favorable en general. Expresó que “este espacio cree en la importancia de los recursos de esta provincia”. A su vez, propuso ampliar el texto del artículo primero para incluir la comercialización de energía no regulada.
Posiciones en contra y objeciones
Magdalena Odarda (Vamos con Todos) rechazó de plano el articulado. Consideró que la iniciativa es “un proyecto de ley a destiempo”, ya que el gobierno nacional reprivatizó las represas meses antes. Sostuvo de forma categórica que “el agua no es un negocio, el agua es un derecho humano”. Alertó que la actual concesión prioriza el lucro privado por sobre usos esenciales como el abastecimiento poblacional, el riego productivo y la protección ambiental en un contexto de emergencia hídrica.
La parlamentaria criticó las condiciones de la negociación con la Nación y reclamó por los derechos de la provincia. Explicó que este modelo priva a los rionegrinos de recuperar la tarifa Comahue, la cual permitiría “abaratar hasta un 30% la factura de luz”. Además, visibilizó el impacto social histórico de estas obras al recordar a la comunidad de Pilquiniyeu del Limay, relocalizada por la construcción de la represa Piedra del Águila. Cuestionó que esos vecinos continúan sin servicio eléctrico regular mientras le dan luz a todo el país y concluyó su postura con la frase: “El agua es de nosotros, las represas son ajenas”.
El legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) cuestionó los términos del acuerdo y relativizó los alcances de la negociación oficial. Recordó que la Constitución y el Código de Aguas ya obligaban al Poder Ejecutivo a debatir la concesión en el recinto. Además, criticó el porcentaje de retribución fijado en el proyecto. Señaló que la legislación sancionada previamente permitía exigir un canon de hasta el 5% por el uso del recurso y lamentó la postura provincial ante la Nación al expresar que “parece que siempre vivimos de rodillas”.
Su principal objeción técnica apuntó a la redacción del artículo primero del proyecto oficial. Advirtió que la norma limita la base de cálculo del canon exclusivamente a las ventas realizadas al Mercado Eléctrico Mayorista y excluye a los futuros contratos bilaterales que surjan de la libre comercialización. Ante el riesgo de una concentración monopólica del negocio energético que evada este pago, exigió incorporar modificaciones precisas en la redacción para asegurar la recaudación y garantizar que “el beneficio venga al pueblo rionegrino”.
El legislador José Luis Berros (Vamos con Todos) objetó el reparto de los ingresos. Solicitó modificar la normativa e incorporar “el 20% para los municipios” con el objetivo de evitar un uso sin parámetros fijos.
Leandro García (PJ-NE) avaló el reclamo federal pero observó la redacción final de la norma. Afirmó que el texto requiere ajustes puntuales para “garantizar que Rio Negro cobre sobre toda la comercialización”.
El legislador Daniel Belloso (PJ-NE) expresó su adhesión a los argumentos críticos planteados previamente por los parlamentarios Leandro García (PJ-NE) y Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos), y respaldó la propuesta de modificación del artículo primero sugerida en el recinto por Gabriela Picotti.
Durante su intervención en el debate, Belloso dio lectura a las preocupaciones manifestadas por diversas entidades productivas, mencionando específicamente a la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, y los consorcios de regantes de Fernández Oro.
En representación de estos sectores, el legislador advirtió que la redacción original del proyecto limita la base de cálculo del canon exclusivamente a los montos facturados en el mercado eléctrico mayorista. Según indicó, esta restricción podría dejar fuera de la retribución que perciba la provincia a numerosos conceptos comerciales que existen en la actualidad o que puedan incorporarse en el futuro.
