El proyecto de ley para un nuevo ingreso a planta permanente para personal temporario del Ejecutivo provincial se debatió este martes en reunión plenaria de las comisiones de Constitucionales y Presupuesto. La iniciativa tuvo dictamen de mayoría, fue rechazado solo por un bloque.
La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, fundamentó la propuesta del Ejecutivo. Explicó que el proceso, voluntario, fija el corte de contratación al 31 de diciembre de 2025 y prevé evaluaciones teóricas virtuales mediante la plataforma del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP). La iniciativa alcanza a alrededor de unos 4.200 agentes estatales, de los cuales un 35% corresponde al sector de Salud Pública. Para acceder a la estabilidad, se exige la aprobación del examen de idoneidad, un control psicofísico, la ausencia de sanciones ante la Junta de Disciplina y un informe de la autoridad inmediata.
Respecto a la distribución de los agentes estatales que potencialmente están habilitados para rendir, Lastra detalló que se encuentran repartidos en las áreas de Salud Pública, sector con mayor representación, concentrando al 35% de los agentes en condiciones de rendir (bajo los regímenes de las leyes 1844 y 1904, lo que abarca a médicos y profesionales de la salud); porteros / personal de Servicio de Apoyo (PCA); Ministerio de Desarrollo Humano; Ipross, Secretaría de Ambiente, 54 personas de la Secretaría de Trabajo; 41 personas de Secretaría General; 11 del Ministerio de Gobierno; 20 de Trabajo; y 2 de Turismo. Asimismo, mencionó que existen agentes bajo este encuadre que pertenecen a otras áreas como Deporte, Educación y Cultura.
Tania Lastra aclaró que aquellos funcionarios superiores designados por decreto que no posean un contrato de base previo con el Estado (colocando su propio caso como ejemplo) se encuentran excluidos del proceso.
La funcionaria explicó que aquellos empleados que originalmente tenían un contrato de base en la administración, pero que luego fueron designados como funcionarios políticos por decreto, sí tienen el derecho a rendir el examen. Lastra defendió esta postura señalando que el empleado “no pierde su calidad de trabajador” por haber aceptado un cargo de mayor responsabilidad. Ejemplificó esta situación con el caso de los médicos que se incorporan al Estado mediante contratos de locación de servicios y que luego son designados directores o ministros por su idoneidad, argumentando que a estos trabajadores se les debe resguardar su lugar contractual de origen.
La legisladora Magdalena Odarda (VcT) expresó su acompañamiento al señalar la coincidencia con su doctrina de defensa de los derechos de los trabajadores. En su exposición, afirmó que el rol de los agentes es “absolutamente necesario en un estado de derecho, un Estado que necesita tender su mano a los más humildes a cada rincón de la provincia Río Negro”. Asimismo, fundamentó su adhesión al sostener que “el derecho a la estabilidad laboral es fundamental en este momento de incertidumbre que está viviendo nuestro país”.
Por su parte, el legislador José Luis Berros (VcT) formuló preguntas sobre la implementación práctica y las garantías para los postulantes. Consultó sobre los mecanismos para “garantizar la objetividad” de los informes de recursos humanos y la situación de quienes desempeñan funciones bajo la modalidad de horas cátedra.
Lastra aclaró que el salario neto de bolsillo de los empleados no sufrirá reducciones y que todo el procedimiento de evaluación respetará “criterios objetivos, igualdad de oportunidades, publicidad, transparencia y derecho a la revisión administrativa”.
Desde el PRO, el legislador Juan Martín solicitó el detalle nominal de los contratados por sector y cuestionó la difusión de la medida realizada por la dirigencia del gremio ATE. Martín manifestó su escepticismo respecto a los mecanismos de acompañamiento para quienes reprueben las evaluaciones, al señalar que “el examen es examen”. No obstante, el parlamentario valoró la aplicación del sistema de control de licencias que redujo el ausentismo estatal del 38% al 12%.
Al concluir el debate, la iniciativa obtuvo despacho de comisión, con la única oposición de Claudio Doctorovich, aliado a un conjunto de legisladores sin bloque. El PRO tomó las 48 horas para evaluar su posición.
