Una propuesta legislativa busca crear un organismo que audite el estado del sistema educativo rionegrino. Según su impulsora, los resultados de las pruebas Aprender y PISA respaldan el planteo sobre la necesidad de un seguimiento sistemático. Fundamenta que la Ley Orgánica de Educación N° 4819 cumplió trece años sin que se apliquen varios de sus mecanismos de evaluación.
El proyecto es de la legisladora Daniela Agostino (CC ARI), quien plantea que trece años después de la sanción de la Ley Orgánica de Educación N° 4819, varios de sus artículos sobre evaluación y seguimiento del sistema educativo continúan sin aplicarse. Ante ese diagnóstico, propone la creación de una comisión específica para revisar, monitorear y controlar el cumplimiento de la norma.
La iniciativa propone conformar la Comisión de Revisión, Seguimiento, Adecuación y Control de Cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación. El organismo integraría representantes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, del Consejo Provincial de Educación, de la Comisión de Cultura y Educación de la Legislatura, de las universidades nacionales de Río Negro y del Comahue, y de la organización sindical docente mayoritaria.
En los fundamentos, la autora sostiene que los artículos 213 a 218 de la ley 4819, referidos a la construcción de diseños curriculares y a los dispositivos de evaluación, “no han sido implementados”. Entre ellos figura la creación del Observatorio Permanente de la Igualdad y Calidad Educativa (OPICE), pensado para elaborar diagnósticos anuales sobre el sistema.
El texto cita además los resultados de la evaluación Aprender 2022, que muestra que uno de cada diez estudiantes de nivel socioeconómico alto se ubica en desempeño básico, mientras esa proporción trepa hasta el 37% entre los sectores más vulnerables. También menciona la prueba PISA 2022, según la cual el 55% de los estudiantes argentinos no alcanza el nivel mínimo de competencia.
De aprobarse, la comisión tendría facultades para proponer modificaciones a las políticas educativas vigentes, sobre la base del consenso con los sectores involucrados. Su presidencia contaría con un plazo de 30 días para conformarse una vez sancionada la propuesta.
El proyecto otorga al Ministerio de Educación y a la Comisión de Cultura y Educación de la Legislatura un rol de partícipe necesario en la elaboración de los informes que, de aprobarse la iniciativa, orientarían futuras modificaciones a las políticas del sector.
