La propuesta reemplaza tres leyes con más de treinta años de vigencia por un régimen único de habilitación y control. Crea la figura del Director Técnico y refuerza la fiscalización conjunta entre la Provincia y los municipios. Apunta a combatir el abigeato y la faena clandestina mientras garantiza trazabilidad en toda la cadena alimentaria.
Mataderos rurales sin un marco claro de control, faena clandestina y una normativa dividida en tres leyes sancionadas bajo paradigmas productivos ya superados componen el diagnóstico que impulsa una nueva iniciativa en la Legislatura de Río Negro. El proyecto plantea un régimen integral de habilitación, registro, fiscalización y control sanitario para los establecimientos y transportes que intervengan en la faena, elaboración y comercialización de productos, subproductos y derivados de origen animal en todo el territorio provincial.
La propuesta fue elevada por el Poder Ejecutivo provincial; los fundamentos sostienen que la legislación vigente “adolece de una marcada dispersión y obsolescencia técnica”.
El texto legislativo dispone la derogación de la Ley E N° 2534 y sus modificatorias, las Leyes E N° 3516 y E N° 3889, y jerarquiza al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo como autoridad de aplicación, en fiscalización coordinada con el Ministerio de Salud y la Policía provincial.
Entre sus ejes centrales, la iniciativa delimita las competencias entre el Estado provincial y los municipios mediante la distinción entre establecimientos de tránsito provincial y municipal, y habilita convenios de colaboración para formalizar la producción artesanal y la agricultura familiar.
La propuesta también incorpora la figura obligatoria del Director Técnico o Directora Técnica en los establecimientos de escala industrial o de tránsito provincial, un profesional matriculado responsable de auditar los procesos de faena, desposte, elaboración, almacenamiento y distribución.
Asimismo, el régimen exige el registro previo de productos, subproductos y derivados ante el Ministerio de Salud, con el fin de garantizar la trazabilidad y facilitar el retiro preventivo de lotes ante alertas alimentarias. En materia sancionatoria, crea el Fondo de Apoyo Ganadero, financiado con aranceles y multas, destinado a equipar a los cuerpos de inspección.
