La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves, en primera vuelta, el proyecto que establece un modelo de gobernanza de los datos públicos provinciales, con el objetivo de ordenar y estandarizar la información que genera y administra el Estado, facilitar la interoperabilidad entre sus diferentes organismos y establecer criterios de seguridad, transparencia y protección de los datos personales.
La iniciativa, respaldada por mayoría, apunta a construir una arquitectura común para que los distintos organismos provinciales puedan gestionar y utilizar la información bajo criterios compartidos, evitando la fragmentación de los datos y permitiendo que las diferentes áreas del Estado puedan intercambiar información de manera ordenada y segura.
Entre sus alcances también aparecen cuestiones vinculadas con la trazabilidad de la información, los metadatos, la protección de los datos personales y la utilización de sistemas automatizados e inteligencia artificial dentro de la administración pública.
Durante el debate en el recinto quedaron expuestas distintas posiciones. Una de las autoras, Lorena Matzen (UCR), defendió el alcance estratégico de la propuesta; Santiago Ibarrolaza anticipó el rechazo de su bloque al considerar que podría generar nuevas estructuras burocráticas y superposiciones con la legislación vigente; mientras que Martina Lacourt valoró el objetivo y los aspectos técnicos del proyecto, aunque pidió introducir precisiones antes de su tratamiento en segunda vuelta.
Matzen: “Modernizar el Estado, pero poniendo a las personas en el centro”
Al fundamentar la iniciativa, Matzen destacó especialmente el proceso de construcción del proyecto y aseguró que el texto finalmente presentado fue enriquecido a partir de aportes provenientes de diferentes sectores.
La legisladora realizó un reconocimiento al Ministerio de Modernización y a su equipo por la colaboración técnica brindada durante la elaboración de la propuesta.
“No queríamos que quede solamente en una expresión de deseos, sino que se convirtiera realmente en una herramienta posible, concreta, vinculada a este proceso que estamos viviendo de transformación y de modernización de nuestra provincia”, explicó.
También destacó especialmente el aporte de las universidades públicas y, en particular, de la Universidad Nacional de Río Negro. Mencionó el trabajo realizado por el profesor Mauro Cambarieri y sus alumnos, además de la participación de especialistas de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional. “La universidad pública tiene un papel insustituible”, sostuvo Matzen.
Según señaló, incorporar el conocimiento académico a la elaboración legislativa permite pensar políticas de largo plazo y desarrollar herramientas que puedan trascender a las diferentes administraciones provinciales. “Este proyecto dejó de ser nuestro, de nuestro bloque, sino que tiene la participación de muchos actores”, afirmó.
¿Para qué le sirve al ciudadano?
Matzen buscó trasladar un proyecto de fuerte contenido técnico a situaciones concretas de la vida cotidiana y enumeró algunos de los cambios que, según sostuvo, podría generar para los rionegrinos.
Uno de ellos es evitar que una persona tenga que presentar reiteradamente documentación ante diferentes dependencias cuando esa información ya se encuentra en poder del propio Estado.
“Le sirve para no tener que presentar una y otra vez documentación que el propio Estado ya posee. Le sirve para simplificar los trámites y tener respuestas más rápidas”, explicó.
También sostuvo que permitirá que los ciudadanos puedan saber quién utiliza sus datos y con qué finalidad, exigir la protección de su información personal y cuestionar eventualmente una decisión automatizada que los perjudique.
La iniciativa, además, pretende que la información disponible sea utilizada para desarrollar políticas públicas basadas en datos concretos y actualizados, en lugar de hacerlo a partir de registros fragmentados o desactualizados.
Qué cambia para el Estado
Matzen sostuvo que la gobernanza de datos también permitirá a quienes tienen responsabilidades de gobierno contar con mejores herramientas para conocer la realidad provincial, detectar desigualdades territoriales y anticiparse a determinadas demandas.
Asimismo, afirmó que posibilitará evaluar resultados, determinar dónde deben asignarse prioritariamente los recursos públicos y establecer “qué política pública funciona y cuál debe corregirse”.
Otro de los objetivos centrales es lograr una mayor integración entre organismos.
La legisladora consideró necesario que las diferentes áreas dejen de funcionar como compartimentos aislados y puedan utilizar información bajo criterios comunes para desarrollar políticas transversales entre ministerios y organismos provinciales.
“Los gobiernos pueden cambiar, pero los datos públicos, los procedimientos, la capacidad estatal debe permanecer”, expresó.
En ese sentido, consideró que la gobernanza de datos también constituye una herramienta de continuidad institucional, evitando que cada administración tenga que comenzar nuevamente procesos vinculados con la organización de la información.
Inteligencia artificial, pero con “control y responsabilidad humana”
La incorporación creciente de nuevas tecnologías al funcionamiento estatal fue otro de los ejes centrales de la fundamentación.
Matzen planteó que las normas deben avanzar al ritmo de las transformaciones tecnológicas y establecer reglas antes de que determinados problemas se consoliden.
“Decide innovar, pero con derechos. Decide integrar información, pero con seguridad. Decide utilizar inteligencia artificial, pero con transparencia, control y responsabilidad humana. Decide modernizar el Estado, pero poniendo a las personas en el centro”, afirmó.
Para la legisladora, la importancia de la iniciativa reside en que establece “por primera vez una arquitectura integral para gobernar los datos públicos provinciales”.
Sostuvo además que no pretende solamente resolver necesidades actuales, sino generar capacidades institucionales para los próximos años y posicionar a Río Negro entre las jurisdicciones más avanzadas del país en la materia.
Ibarrolaza votó en contra y advirtió sobre mayor burocracia
Una posición diferente expresó Santiago Ibarrolaza, quien anticipó que su bloque no acompañaría la iniciativa. El legislador aclaró que el rechazo no responde a una diferencia con el objetivo de avanzar hacia un Estado moderno y eficiente, sino con el esquema elegido para concretarlo.
Recordó que su espacio acompañó en 2025 la sanción de la Ley 5.793, precisamente por considerar necesario avanzar hacia una organización más eficiente de los datos generados por el Estado rionegrino.
Sin embargo, señaló que para estudiar el nuevo proyecto recurrieron a especialistas informáticos y que, a partir de esos informes, llegaron a la conclusión de que existen contradicciones con aquella legislación. “Creemos que, en función de lo que nos han brindado los informes, esto viene a contradecir la ley, viene a generar compartimentos estancos”, sostuvo.
El parlamentario planteó además una diferencia relacionada con la estructura estatal que podría surgir de la implementación. “Entendemos que el Estado de la provincia lo que necesita son menos estamentos, menos burocracia, menos funcionarios, menos empleados y mayor eficiencia”, afirmó.
Según Ibarrolaza, el esquema propuesto podría terminar provocando el efecto contrario al buscado.
“En vez de lo que era el espíritu de la ley, de hacer un Estado más cortito pero más eficiente con la tecnología y la utilización de datos, esta gobernanza viene a contradecir, a generar información de compartimentos estancos entre unos y otros”, argumentó.
Por ese motivo confirmó el voto negativo de su bloque.
Lacourt: respaldo técnico, pero con observaciones
Martina Lacour planteó una tercera posición durante el debate. Valoró el proyecto y sus objetivos, aunque consideró necesario realizar algunas modificaciones antes de que regrese al recinto para su tratamiento en segunda vuelta.
La legisladora fundamentó parte de su análisis en su experiencia profesional de más de dos décadas en IBM, vinculada con gestión y análisis de información, diseño, implementación y testeo de sistemas informáticos.
Frente a los cuestionamientos sobre una posible superposición con la Ley 5.793, Lacourt sostuvo que el nuevo proyecto incorpora un aspecto que aquella normativa no había abordado específicamente: los metadatos.
“Este proyecto trata un tema que no estaba tratado en la Ley 5.793, que es el de los metadatos, que son fundamentales para toda la interoperabilidad de los distintos organismos de la provincia”, explicó.
La legisladora los definió de manera sencilla como “el dato sobre un dato” y utilizó un ejemplo para explicar su importancia.
Una determinada información puede denominarse “localidad” en un ministerio y utilizarse bajo el mismo nombre en otro organismo, explicó, aunque en ambos sistemas podría tener significados diferentes.
“Para que esos sistemas de los distintos ministerios puedan conversar tenemos que tener establecido todo un parámetro general para que la información tenga sentido”, señaló.
Desde ese punto de vista, consideró “muy valioso” el proyecto porque “ordena, estandariza y hace trazable la gestión de los datos públicos en la provincia”.
Las correcciones que pidió antes de la segunda vuelta
Pese a su valoración general, Lacourt reconoció que persisten aspectos que deberían ser corregidos. Uno de ellos es lo que definió como “un pequeño solapamiento” con la Ley 5.793.
En particular, pidió precisar cuáles serán las atribuciones de la Oficina de Datos para evitar que sus competencias puedan confundirse o superponerse con las que corresponden al Ministerio de Modernización.
“Si no parece como que una cuestión la maneja el Ministerio de Modernización y la Oficina de Datos estaría haciendo prácticamente lo mismo”, advirtió.
También observó una diferencia en la denominación del organismo dentro del propio articulado. Según indicó, en el artículo 16 se hace referencia indistintamente a la “Oficina de Datos Provincial” y a la “Oficina de Datos del Estado”.
Lacourt consideró conveniente establecer una única denominación y dejar claramente determinadas sus funciones antes de la sanción definitiva.
Con la aprobación conseguida este jueves en primera vuelta, el proyecto continuará ahora su trámite parlamentario. Las observaciones formuladas durante el debate podrán ser analizadas antes de que la iniciativa vuelva al recinto de la Legislatura de Río Negro para su tratamiento en segunda vuelta.
