Los establecimientos de los tres niveles deberían sumar contenedores diferenciados y señalización. Es una propuesta legislativa que fija un plazo de dos ciclos lectivos para completar la implementación. Prevé convenios con municipios, cooperativas de recuperadores, universidades y organizaciones civiles.
Según el proyecto de ley presentado, la enseñanza de la separación de residuos en origen y de la gestión integral de residuos sólidos urbanos tendría un lugar fijo en los contenidos curriculares de Río Negro.
La iniciativa es de los legisladores Marcela González Abdala, Martina Lacour y César Domínguez. En un nuevo artículo de la ley orgánica de Educación, se establecería que el Consejo Provincial de Educación incorpore esos contenidos “de forma sistemática y transversal” en los niveles inicial, primario y secundario, en todas sus modalidades.
El texto prevé que las escuelas implementen de manera progresiva sistemas de separación en origen, con contenedores diferenciados y señalización adecuada. El plazo máximo sería de dos ciclos lectivos desde la reglamentación, que el Poder Ejecutivo debería dictar dentro de los 90 días de la promulgación.
El proyecto también faculta a la autoridad de aplicación a celebrar convenios con municipios, comisiones de fomento, cooperativas de recuperadores urbanos, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Esos acuerdos servirían para facilitar el cumplimiento de la medida.
En los fundamentos, los autores señalan que en la provincia se desarrollan acciones de educación ambiental en establecimientos escolares. Sin embargo, afirman que no “siempre se encuentran sistematizadas ni garantizadas de manera uniforme en todo el territorio provincial”, y consideran necesaria una política pública que las institucionalice.
Los legisladores sostienen que “la educación se posiciona como una herramienta estratégica para generar cambios culturales profundos”. Según plantean, la escuela puede actuar como agente multiplicador y trasladar lo aprendido a los hogares y a la comunidad. Mencionan además la formación docente continua como una pieza clave.
La propuesta, afirman, se inscribe en la ley nacional 27.621 de Educación Ambiental Integral y se articula con la ley nacional 25.916 de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios. Los autores aseguran que su espíritu no es “meramente escolar, sino profundamente educativo y cultural”.
