Así lo proponen en un proyecto de ley, que fija un mandato de cuatro años para el titular del cargo. Prevé sede en la Segunda Circunscripción Judicial y la posibilidad de contar con delegados.
Sería un defensor específico para recibir los reclamos de los adultos mayores, tanto ante instituciones públicas como privadas. El proyecto plantea la creación de la Defensoría de las Personas Mayores y dispone que el cargo se elija por voto directo de los integrantes de los Centros de Jubilados.
La iniciativa lleva la firma del legislador Luciano Delgado Sempé (VcT), quien reprodujo un proyecto que tomó estado parlamentario en 2024 bajo el número 2/2024. Según los fundamentos, la reinserción responde a una necesidad puntual sobre la temática.
Delgado Sempé sostiene que los adultos mayores sufren maltrato en el ámbito familiar y en instituciones públicas y privadas. Afirma además que se encuentran en un estado de vulnerabilidad porque “no son escuchados ni escuchadas cuando tienen un reclamo”.
Los fundamentos describen un circuito con tres vías distintas: el Defensor del Pueblo para instituciones públicas, Defensa del Consumidor para bancos o entidades privadas y la fiscalía para estafas o violencia familiar. Según el autor, el resultado es que la persona “nunca sabe a donde ir” y termina en un “estado de abandono total”.
El proyecto define como adulto mayor a toda persona de más de 60 años. El Defensor debe ser argentino, jubilado o pensionado y acreditar idoneidad y especialización en la protección de los derechos del sector. Su mandato es de cuatro años, no puede ejercer otra actividad pública ni actividad política partidaria y percibe la remuneración de un legislador.
Entre sus funciones, el texto prevé interponer acciones individuales o colectivas a pedido de las personas mayores, intervenir en instancias de mediación o conciliación y recibir reclamos de manera personal o por un servicio telefónico gratuito y permanente.
El autor plantea que el Defensor represente además a jubilados y jubiladas, a través de un asesor legal, en reclamos ante la Nación o la Provincia, “para ahorrarle costos a los adultos mayores”.
La propuesta contempla dos adjuntos, un delegado por circunscripción judicial y la obligación de presentar un informe anual ante la Comisión de Asuntos Sociales. De aprobarse, el Poder Legislativo destinaría la partida presupuestaria necesaria para el funcionamiento de la Defensoría en toda la provincia.
