La estructura del Ministerio Público de la Defensa de Río Negro podría sumar ocho nuevos cargos de defensores coordinadores, distribuidos entre las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia, si prospera un proyecto de ley presentado en la Legislatura.
La iniciativa lleva las firmas de los legisladores Facundo López, Lucas Pica, Juan Martín y Juan Murillo Ongaro, quienes proponen modificar distintos artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público, para incorporar una nueva instancia jerárquica entre los defensores públicos y la Defensoría General.
El proyecto fue respaldado por la mayoría (PJ-Nuevo Encuentro y Vamos con Todos solicitaron 48 horas para tomar una determinación) y establece que cada circunscripción judicial contará con dos defensores coordinadores: uno para el Fuero Penal y otro para el Fuero Civil. De esta manera, la nueva estructura alcanzaría a Viedma, General Roca, San Carlos de Bariloche y Cipolletti.
Una estructura de 462 integrantes bajo una misma conducción
Uno de los argumentos centrales de la propuesta es la cantidad de personal que actualmente depende directamente de la Defensoría General.
Según los fundamentos del proyecto, el Ministerio Público de la Defensa cuenta con 305 empleados y 157 defensores titulares y adjuntos, lo que representa un total de 462 integrantes.
Sin embargo, la Defensoría General dispone de apenas siete personas, entre empleados y funcionarios, para atender los requerimientos administrativos y funcionales de toda esa estructura.
Los autores sostienen que la ausencia de una jerarquía intermedia dificulta las tareas de coordinación, supervisión, comunicación y gestión del personal.
También advierten que esta situación obliga a la conducción institucional a destinar una parte considerable de su tiempo a resolver cuestiones administrativas, reduciendo su capacidad para abordar problemas estructurales y planificar políticas de mediano y largo plazo.
Qué funciones tendrán los nuevos defensores coordinadores
La reforma contempla atribuciones específicas para cada fuero.
En el ámbito penal, los coordinadores podrán intervenir en juicios por jurados populares, elaborar impugnaciones ante tribunales superiores, supervisar equipos de defensores en causas complejas y reclamar informes policiales o periciales cuyos plazos de respuesta se encuentren vencidos.
También tendrán facultades para articular con organismos estatales, promover capacitaciones, autorizar licencias y participar en visitas a establecimientos penitenciarios para supervisar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
En el Fuero Civil, las funciones estarán orientadas a coordinar las intervenciones judiciales, participar en recursos ante tribunales superiores, supervisar causas complejas y facilitar la relación con organismos provinciales.
Además, podrán intervenir en visitas a instituciones que alojan a adultos, niños, niñas, adolescentes y otras personas en situación de vulnerabilidad.
En ambos casos, los nuevos funcionarios dependerán de las instrucciones de la Defensoría General.
El crecimiento de la demanda judicial, entre los argumentos
Los legisladores fundamentan la necesidad de modificar la estructura en el incremento poblacional, la extensión territorial de Río Negro y la creciente complejidad de los conflictos que llegan al sistema judicial.
Destacan que la Defensa Pública no solamente interviene en causas penales, sino también en asuntos civiles, familiares, laborales, administrativos y vinculados con los derechos de niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.
En ese sentido, consideran indispensable fortalecer la coordinación con organismos del Poder Ejecutivo, particularmente en áreas relacionadas con salud mental, niñez, adolescencia, seguridad y justicia.
El objetivo declarado es garantizar una asistencia jurídica más eficiente, especialmente para quienes no cuentan con recursos económicos suficientes para acceder a una representación privada.
También podrán reemplazar al Defensor General
Otro aspecto relevante del proyecto es la modificación del régimen de subrogancias.
La propuesta establece que, ante la necesidad de reemplazar al Defensor General, tendrán prioridad los defensores coordinadores con asiento en Viedma, comenzando por quien registre mayor antigüedad en el cargo.
Posteriormente podrán asumir esa responsabilidad los coordinadores de las restantes circunscripciones judiciales, también siguiendo un criterio de antigüedad.
La reforma contempla, además, mecanismos de reemplazo para los propios defensores coordinadores.
Crespo: “El fortalecimiento de la defensa pública es indispensable para el Estado de Derecho”
El procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, respaldó en comisión la propuesta y sostuvo que se trata de “un anhelo y una necesidad” que el Ministerio Público viene planteando desde hace años.
Crespo explicó que uno de los principales objetivos es incorporar defensores coordinadores que funcionen como instancia intermedia entre el defensor general y los defensores que trabajan en las distintas circunscripciones judiciales.
Actualmente, señaló, existen 157 defensores en toda la provincia que mantienen una relación directa con el defensor general, mientras que en el Ministerio Público Fiscal los fiscales cuentan con fiscales jefes que cumplen esa función de coordinación.
El procurador remarcó que esta diferencia también se evidencia en los juicios por jurados, donde habitualmente interviene un fiscal jefe junto a la acusación, mientras que por la defensa concurren los defensores asignados al caso.
A su entender, contar con defensores coordinadores permitiría equilibrar esa estructura y disponer de mayor tiempo y dedicación específica para preparar las defensas.
Crespo destacó además el peso que tiene la defensa pública dentro del sistema judicial rionegrino. Precisó que interviene en alrededor del 86% de las causas penales, en el 87% de los métodos autocompositivos, cerca del 70% de los asuntos de Familia y en más del 40% de los casos civiles.
“De cualquier óptica que esto se mire es absolutamente conveniente”, afirmó Crespo, quien cerró su exposición con una definición: “El fortalecimiento de la defensa pública es un requisito indispensable para el funcionamiento del Estado de Derecho. No hay posibilidad de un Estado de Derecho que funcione sin defensa pública funcionando”.
