En un proyecto de ley proponen prohibir incorporar deudas prescriptas a los acuerdos y exigen informar el costo financiero total antes de firmarlos. La propuesta amplía el régimen de sanciones para las empresas prestatarias que incumplan. La reforma modifica la Ley N° 5860, de protección a usuarios en situación de vulnerabilidad.
Se fija un tope al costo financiero de los planes de pago de facturas de gas natural, energía eléctrica y agua, y se vincula con la inflación proyectada. También establece que pedir el beneficio no implica reconocer deudas ya prescriptas.
La iniciativa fue presentada por los legisladores del bloque Partido Justicialista-Nuevo Encuentro Leandro García, Daniel Belloso, Luis Ivancich y Alejandra Mas. Modifica la Ley N° 5860, que suspendió los cortes de suministro y obliga a las empresas a otorgar planes de pago.
Los autores sostienen que la legislación vigente “no establece un límite específico al costo financiero de esos planes”. Según plantean, esa ausencia puede convertir una herramienta de protección en un mecanismo de “endeudamiento creciente”.
El texto dispone que los planes no pueden incluir intereses, cargos, gastos administrativos ni comisiones que superen la variación interanual proyectada del IPC para el período del plan. La cuota mensual sigue limitada al 20% de la factura de mayor costo del usuario.
La propuesta sustituye el artículo 7°, que según los fundamentos implica que solicitar el beneficio equivale a reconocer la deuda.
Los autores advierten que el acceso a un beneficio legal no puede transformarse en una “renuncia involuntaria a los derechos del usuario”. El proyecto excluye además las obligaciones prescriptas de los planes y de las condiciones para mantener o recuperar el suministro.
Antes de aceptar un plan, las empresas deben informar el monto total, la cantidad y el importe de las cuotas, la tasa de interés, el costo financiero total y el monto final a abonar. La falta de información impide aplicar cargos no informados.
El régimen de sanciones amplía la multa conminatoria de $50.000 diarios, hoy prevista para quienes niegan el beneficio. Suma apercibimiento, multas, nulidad de cargos, publicación de la sanción y devolución de lo cobrado indebidamente con un recargo del 50%. En caso de reincidencia, las multas pueden duplicarse.
Los planes ya otorgados continúan vigentes, pero sin nuevos costos por encima de los límites, y las empresas deben adecuar el saldo de oficio. Los autores solicitaron el acompañamiento de todos los bloques, por el convencimiento de que los “servicios básicos deben estar garantizados para todos los rionegrinos”.
