Un proyecto de ley presentado en la Legislatura crea un régimen provincial de promoción y certificación de iniciativas de captura, remoción y reducción de dióxido de carbono. La propuesta busca que productores, empresas y municipios rionegrinos puedan acceder a los mercados nacionales e internacionales de créditos de carbono. También contempla un programa de asistencia técnica para pequeños y medianos productores.
El avance de los mercados internacionales de créditos de carbono abre una oportunidad para las provincias que logren demostrar, con mediciones confiables, la captura o reducción de sus emisiones. En ese marco, una propuesta legislativa plantea la creación de un sistema provincial de promoción y certificación de proyectos de captura, remoción y reducción de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.
El autor del proyecto es César Domínguez. En los fundamentos, el legislador sostiene que “la provincia no debería quedarse mirando desde afuera el crecimiento de este nuevo mercado” y plantea la necesidad de generar condiciones para que productores, empresas, emprendedores, municipios y propietarios de tierras desarrollen proyectos certificados.
La iniciativa habilita la incorporación de proyectos de forestación, reforestación, restauración de bosques, recuperación de suelos, agricultura y ganadería regenerativa, biomasa, biochar, energías renovables, captura de metano y tecnologías de captura y almacenamiento de dióxido de carbono.
El texto crea además un registro provincial de proyectos de captura y remoción de carbono y dispone que la autoridad de aplicación promueva la certificación mediante estándares y metodologías nacionales e internacionales reconocidos, con el objetivo de garantizar medición, verificación y trazabilidad. El Poder Ejecutivo definirá la autoridad de aplicación, que tendrá a cargo el registro, la promoción, la asistencia técnica y la vinculación comercial de los proyectos con mercados nacionales e internacionales.
La propuesta vincula además estos proyectos con las inversiones enmarcadas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), de modo que las emisiones generadas por esos emprendimientos puedan ser atendidas por proyectos desarrollados en territorio provincial. Según los fundamentos, “un crédito de carbono solo tiene verdadero valor comercial si existe una metodología que permita demostrar que la captura o reducción de emisión es real, medible verificable y trazable”.
De aprobarse, la iniciativa permitiría que pequeños y medianos productores accedan a un programa de asistencia técnica, pensado para reducir los costos de medición y certificación que, según plantea el proyecto, pueden constituir una barrera para los proyectos de menor escala.
