El ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Alejandro Echarren, fundamentó este martes ante los legisladores rionegrinos un proyecto que busca modificar la ley que reglamenta el derecho de prioridad de contratación con el Estado. Lo hizo en el marco de un encuentro plenario de comisiones.
Explicó que la normativa actual “no está diagramada para la obra pública”, sino más bien para la compra de insumos o equipamiento, generando “siempre la misma coyuntura al momento de preadjudicar una obra”.
La iniciativa propone un tratamiento normativo diferenciado para las contrataciones de obra pública, adecuando el régimen a las realidades económicas actuales y fijando criterios objetivos.
Echarren señaló que la modificación busca pasar la preferencia directa en obra pública a un 5%, y permitir a las empresas rionegrinas “empardar la oferta” de empresas no provinciales si la diferencia original no supera el 8%. El objetivo central es “defender las pocas empresas constructoras que están quedando” en la provincia.
Argumentó que contratar con empresas radicadas en la provincia “genera un impacto económico positivo directo en la circulación del dinero dentro del propio territorio”, fortaleciendo la economía regional, impulsando el desarrollo sostenible y reforzando la autonomía financiera provincial. El proyecto “no solo implica corregir una limitación normativa, sino consolidar una política pública estratégica que prioriza el desarrollo económico provincial”.
Durante el debate, legisladores como Leandro García (PJ-NE) expresaron su respaldo al “espíritu de la ley originaria” de promover el compre local, especialmente en el contexto económico crítico actual. Propuso incorporar a “soluciones civiles, cooperativas y más actores de la economía social y solidaria radicados en la provincia” en las contrataciones directas y concursos de precios.
En la misma línea, el legislador Javier Acevedo (CC ARI Cambiemos) solicitó que se otorgue una prioridad a las cooperativas rionegrinas en las contrataciones de servicios no personales con el Estado, como limpieza o reparación.
Algunos legisladores, como Doctorovich, plantearon “falta de claridad en el tema” y pidieron tomar 48 horas “para analizar mejor” el proyecto, que finalmente obtuvo el dictamen favorable de la mayoría.
