La secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, expuso este lunes en la comisión de Asuntos Sociales los principales lineamientos del proyecto de ley que busca modernizar el organismo, con eje en la digitalización, la mejora de las inspecciones y nuevas herramientas para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral.
Durante su intervención, Avilez remarcó que la iniciativa responde a una “demanda necesaria” tanto del propio organismo como de los trabajadores y el sector privado, y cuenta con el respaldo del gobernador. Además, destacó el acompañamiento de la CGT y de distintos gremios, entre ellos la UOCRA, que participaron del proceso de diálogo previo.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la actualización de una ley vigente desde 2016, que —según explicó— quedó desfasada frente a los cambios introducidos tras la pandemia. En ese sentido, se subrayó el avance hacia la digitalización total de los trámites, con la incorporación de herramientas como el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), expedientes digitales y notificaciones electrónicas.
“La pandemia nos obligó a cambiar el paradigma. Pasamos de expedientes en papel a un sistema completamente digital, lo que permitió agilizar procesos y mejorar la atención”, señaló.
Otro eje clave es el fortalecimiento del rol de los inspectores laborales. Según se indicó, en la práctica estos agentes no solo fiscalizan, sino que también cumplen funciones de mediación en conflictos, logrando resolver situaciones en territorio sin necesidad de instancias posteriores. Actualmente, cerca del 80% de los conflictos laborales se resuelven en sede administrativa.
En esa línea, el proyecto incorpora la figura de la “audiencia de regulación laboral” dentro de los procesos de fiscalización. Esta instancia permitirá convocar a empleadores antes de aplicar sanciones, con el objetivo de corregir irregularidades, regularizar trabajadores no registrados y adecuar condiciones de higiene y seguridad.
Patrocinio gratuito para trabajadores
Otro de los puntos incluidos en el proyecto es el mantenimiento del patrocinio legal gratuito para trabajadores en el ámbito administrativo y su articulación con la instancia judicial.
Según afirmó, los abogados de la Secretaría de Trabajo continuarán interviniendo en la etapa administrativa y podrán acompañar el proceso cuando el conflicto escale a sede judicial, aunque sin asumir el patrocinio directo en esa instancia.
En los casos en que no se logre una resolución administrativa, se emite el certificado correspondiente que habilita la vía judicial. Allí, el trabajador cuenta con patrocinio gratuito garantizado por ley, sin perjuicio de la posterior regulación de honorarios que pueda disponer la Cámara laboral interviniente.
Cambios en las multas y sanciones más efectivas
Uno de los aspectos más relevantes es la modificación del sistema de sanciones. La normativa actual establece multas atadas al salario mínimo, vital y móvil, un esquema que —aseguró— perdió eficacia por la dinámica de actualización de ese indicador.
El proyecto propone reemplazar ese criterio por una unidad de medida vinculada a parámetros utilizados por el Poder Judicial, lo que permitiría actualizar automáticamente los montos y dar mayor previsibilidad.
Además, se incorpora un criterio que evalúa la conducta del empleador durante todo el procedimiento. De esta manera, quienes no se presenten a audiencias, incumplan requerimientos o mantengan una actitud reticente podrán enfrentar sanciones más severas. “El objetivo es que no dé lo mismo cumplir o no cumplir. Las multas deben tener un impacto real, sobre todo cuando está en juego la registración laboral y la seguridad de los trabajadores”, sostuvo Avilez.
Más herramientas y una figura novedosa
La iniciativa también prevé mecanismos más firmes para garantizar el accionar del organismo. Entre ellos, la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pública ante obstrucciones a inspecciones o reiteradas inasistencias, así como la intervención judicial para acceder a documentación laboral digital cuando sea necesario.
Como contrapartida, el proyecto incorpora una figura novedosa: la autoinspección laboral, orientada a promover el cumplimiento voluntario por parte de los empleadores. Esta herramienta apunta a reforzar el rol preventivo del Estado, aunque también abrió interrogantes en algunos sectores.
Respaldo sindical y defensa del diálogo social
Durante la comisión también se expresó el secretario general de la UOCRA Viedma y titular de la CGT Zona Atlántica, Damián Miler, quien manifestó el acompañamiento del sector sindical a la iniciativa.
“El proyecto no se basa solamente en una norma escrita, sino también en el funcionamiento real de la Secretaría de Trabajo y en la tarea que desarrollamos las organizaciones sindicales frente a las irregularidades laborales”, señaló.
En ese sentido, destacó que la propuesta contribuye a fortalecer el diálogo social institucionalizado en la provincia. “La mayoría de los gremios en Río Negro apostamos al diálogo, al esquema tripartito entre trabajadores, empleadores y el Estado. Esta herramienta puede ser muy importante en un contexto donde se discute la flexibilización laboral”, afirmó.
Asimismo, advirtió sobre la situación de vulnerabilidad de muchos trabajadores y consideró que la actualización del organismo laboral es clave para garantizar su protección.
Dudas en la oposición por la autoinspección
Desde la oposición, el legislador Daniel Belloso (PJ – Nuevo Encuentro) planteó reparos en torno a algunos artículos del proyecto, particularmente los vinculados a la autoinspección laboral.
Si bien acompañó en términos generales la necesidad de fortalecer el poder de policía del Estado provincial, advirtió que los artículos 31 al 35 generan dudas respecto a una posible delegación de funciones de control.
“Nos preocupa que, a través de la autoinspección, se termine trasladando parte del poder de policía a los propios empleadores mediante declaraciones juradas. Eso puede debilitar el rol del Estado en lugar de fortalecerlo”, señaló.
También vinculó el debate con el contexto nacional, al advertir sobre reformas que —según indicó— tienden a flexibilizar las relaciones laborales.
Dictamen por mayoría
El proyecto obtuvo dictamen favorable por mayoría en la comisión. No obstante, algunos bloques solicitaron un plazo de 48 horas para analizar posibles modificaciones, especialmente en los puntos vinculados a la autoinspección y el régimen sancionatorio.
Un pedido a la Legislatura
En el tramo final de su exposición, Avilez apeló al marco constitucional para fundamentar la iniciativa y solicitó el acompañamiento legislativo. “La provincia no ha delegado su poder de policía. Tenemos la responsabilidad de garantizar que se cumpla la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los convenios colectivos de trabajo. Por eso les pedimos que nos acompañen en este proyecto, que está pensado en función de las necesidades actuales de los trabajadores y de un mercado laboral cada vez más exigente”, sostuvo.
