Un proyecto de ley contempla medidas administrativas de hasta seis meses sobre inmuebles abandonados o vinculados al delito. Prevé un procedimiento con notificación al propietario, informe técnico y recursos administrativos. Los casos con ocupación efectiva o conflicto de derechos se derivan a la Justicia.
Inmuebles abandonados o utilizados como búnkeres y aguantaderos podrían ser intervenidos por el Estado provincial antes de que se consolide el riesgo que representan para el vecindario. El texto legislativo propone un régimen administrativo preventivo, con medidas provisionales y control de proporcionalidad.
La iniciativa lleva la firma de María Laura Frei (PRO) y Juan Martin (PRO). En los fundamentos, ambos sostienen que ciertos inmuebles terminan siendo “soportes materiales de la inseguridad” y que Río Negro necesita un instrumento territorial que complemente sus políticas de seguridad.
Los autores señalan como antecedentes los regímenes de Córdoba y Mendoza, de los que toman la exigencia de un riesgo cierto, concreto y actual y el carácter gradual de las medidas.
El texto alcanza a inmuebles abandonados o en desuso cuyo deterioro favorezca hechos delictivos, y a los usados como guaridas, refugios o para el acopio y la venta de estupefacientes. Aclara que el abandono, por sí solo, no habilita la intervención.
Según el proyecto, la Secretaría de Narcocriminalidad, del Ministerio de Seguridad y Justicia, es la autoridad de aplicación. El trámite comienza con un acta de constatación y una resolución precautoria, y el titular puede presentarse dentro de tres días hábiles.
Entre las medidas figuran la intimación al responsable, el tapiado o la clausura provisoria de accesos y la custodia perimetral. Solo si las demás resultan insuficientes, contempla la remoción o demolición de instalaciones vinculadas al microtráfico. Cada medida rige hasta seis meses, con una única prórroga.
Los autores destacan que la intervención “no transfiere la propiedad al Estado” y sostienen que puede proteger al dueño cuando terceros usan su inmueble de manera ilegítima.
La propuesta deriva a la Justicia los casos con ocupación efectiva o conflicto de derechos. También crea un Registro Provincial de Bienes Intervenidos e invita a municipios y comisiones de fomento a adherir.
De aprobarse, el Estado provincial dispondría de un instrumento para actuar sobre las condiciones materiales que, según los fundamentos, facilitan la reiteración de delitos.
