Por Pedro Pesatti, vicegobernador de Río Negro
La Corte Suprema descubrió la existencia de los discursos de odio el día en que le tocó ser su destinataria.
Los veteranos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) acudieron a la Justicia para impugnar la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023. La Corte rechazó el reclamo por falta de legitimación, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de esa derogación. Después, al responder las críticas, advirtió sobre los discursos de odio y descalificación.
Enunció una premisa que comparto: “La crítica es correcta; la descalificación y el odio solo deterioran las instituciones y la democracia”.
El problema es a quién se la aplica y frente a quién se la omite.
Los veteranos calificaron de indigno al tribunal. Su intervención pertenece al terreno de la crítica política a una decisión judicial sobre un asunto de interés público. Ese debate merece una protección especial, como recordó la Corte Interamericana en el caso Kimel. Los jueces también están sometidos al escrutinio ciudadano.
El artículo 3 de la Ley 23.592 sanciona la incitación a la persecución o al odio por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. No convierte cualquier agravio en ese delito. Calificar una protesta como discurso de odio exige algo más que sentirse ofendido.
Mientras tanto, Javier Milei convirtió en consigna una exhortación inequívoca: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. Los llama ensobrados, mierdas y basura. Los señala ante millones de seguidores. Hace del hostigamiento una práctica de gobierno.
Reporteros Sin Fronteras documentó más de 35 mensajes hostiles diarios, incluidas republicaciones, entre abril y mayo de 2026. La Relatoría de la CIDH advirtió sobre la estigmatización oficial de periodistas y sus consecuencias.
Los casos Ríos y Perozo establecen un deber especial de cuidado para los altos funcionarios: sus palabras llevan el peso del Estado y pueden aumentar la vulnerabilidad de quienes señalan. Un presidente que convoca a odiar dispone de una capacidad de intimidación que ninguna asociación de veteranos tiene.
A mi juicio, la Corte invierte esa escala. Se alarma ante quienes cuestionan su decisión y omite al presidente que promueve el hostigamiento. Su sensibilidad institucional se activa cuando la crítica la alcanza. Cuando el agravio parte de la cima del poder, pierde toda urgencia.
Los mismos hombres que pelearon una guerra por la soberanía defienden hoy la tierra argentina en los tribunales. Merecen que sus argumentos sean escuchados. También tienen derecho a cuestionar a quienes los rechazan.
Una regla republicana debe obligar, ante todo, a quienes ejercen el poder. Si todo su peso cae sobre los veteranos y nada sobre el presidente, se convierte en una injusticia que rebela.
La independencia judicial exige sostener de cara al poderoso los principios que se invocan ante el ciudadano. Esa severidad selectiva que concede impunidad a quien gobierna y expresa la cobardía más repugnante frente a los veteranos de Malvinas delata una actitud que produce náuseas.
